Delsa Solórzano, presidente del partido Encuentro Ciudadano, ratificó que la represión, detenciones arbitrarias y torturas ordenadas por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, constituyen crímenes de lesa humanidad reflejados en el informe presentando este martes por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La abogada señaló que el informe resalta que existe un patrón de persecución particular contra dirigentes y partidos políticos opositores. “En particular se ha configurado el crimen de persecución basado en motivos políticos, previsto en el Estatuto de Roma”, destacó.
La defensora de derechos humanos indicó que el informe de las Naciones Unidas demuestra, además, que las violaciones y crímenes fueron cometidos en cumplimiento de una política estatal diseñada para “silenciar, desalentar y sofocar” a la oposición venezolana.
“La coordinación entre el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial demuestra que estas acciones fueron ordenadas y respaldadas por los más altos niveles de poder estatal”, aseveró.
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La también testigo principal de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló que el perfil de las víctimas de la ola de persecución del chavismo incluye miembros de partidos políticos, miembros de ONG y defensores de DDHH, periodistas, opinadores y creadores de contenido, militares, niños y familiares de los antes mencionados.
A su vez, mencionó los crímenes de torturas y tratos crueles que aplica el régimen y destacados en el informe, entre los cuales precisó golpes con planchas de madera o bates envueltos en goma espuma; descargas eléctricas, incluidos los genitales; inmersión en agua helada; privación forzada del sueño; sentarse desnudos en planchas heladas; amenazas contra familiares y violencia, tortura y violación sexual.
“El informe documenta al menos 25 muertes en las protestas post-electorales, la mayoría por disparos, con la participación de fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al gobierno. Según el MESEVE, 23 de esas muertes fueron responsabilidad de: 10 de la FANB, 2 de la PNB, 6 de los Colectivos Paramilitares, 2 ocasionadas conjuntamente por cuerpos de seguridad y cuerpos para estatales”, expresó la dirigente opositora.
El informe revela que se practicaron cerca de 2000 detenciones arbitrarias, de las cuales al menos 158 fueron de niños, sin asistencia legal adecuada, sin audiencias imparciales y sin abogados de confianza, sin órdenes de detención u órdenes de allanamiento.
Con información de Monitoreamos
