El abogado Joel García denunció que las autoridades del Poder Judicial impiden el acceso a la defensa privada a los detenidos acusados de terrorismo tras las protestas poselectorales registradas en rechazo al fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
García declaró durante una entrevista concedida a VPItv que a los privados de libertad se les acusa solo con el acta de aprehensión redactada por policías y sería muy fácil para sus abogados desmontar las acusaciones de terrorismo.
El defensor de los derechos humanos explicó que las actas policiales en las que se reseña la detención de adolescentes y jóvenes mayores de edad, “son el único elemento acusatorio que poseen para señalarlos por delitos de terrorismo e incitación al odio”.
“Están acusándolos con un solo elemento, ni siquiera con uno de convicción, sino con una simple acta policial”, detalló.
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En tal sentido, lamentó que los jueces de control sean los primeros que violen los derechos de los detenidos a un proceso transparente. “Son jueces que estudiaron para defender y garantizar derechos, que se atreven incluso a hacer estudios de posgrado, los primeros que violan los derechos”, sostuvo.
Entre las denuncias realizadas por familiares de los presos, que suman más de 2.000, también destacan las torturas a las que fueron sometidos para obligarlos a grabar videos en los que acusaban a dirigentes de la oposición de pagarles para salir a las calles a generar disturbios, sin embargo, estos se negaron a realizarlo.
Además, según reseña El Pitazo, fueron amenazados para que firmaran hojas en blanco sobre las cuales luego se redactaban declaratorias de culpabilidad por los delitos que les imputan.
Varios testimonios obtenidos por este medio precisan que defensores públicos los instaron a asumir su culpabilidad para que les redujeran las penas a la mitad y, como la mayoría se negó porque se declararon inocentes, pasaron sus casos a juicio.
Con información de El Pitazo y VPI
