El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) exigió al régimen de Nicolás Maduro que cese la «criminalización» y «persecución» a organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas para que puedan cumplir «libremente» con sus actividades en el país.
En su informe «El calvario de ser defensor de derechos humanos en la Venezuela de Maduro», que denuncia la “alarmante escalada de represión” del Estado venezolano contra las organizaciones y activistas durante 2024, Odevida hizo un «llamado de auxilio» ante las medidas extremas contra defensores de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas.
Odevida explicó que, en 2024, seis activistas por los derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente y están siendo sometidos a procesos judiciales “violatorios del derecho al debido proceso”, acusados por delitos como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio.
Asimismo, aseveraron que la intolerancia de la dictadura chavista a la disidencia se está traduciendo en «detenciones arbitrarias y larga», y recordó la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien lleva detenida ocho meses en el Helicoide de Caracas, el mayor centro de tortura de América Latina.
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La organización resaltó que San Miguel esta siendo tratada por el fiscal chavista, Tarek William Saab «como una terrorista» y se le está reduciendo su humanidad a la mínima expresión.
«A pesar de que Amnistía Internacional expresó su rechazo ante esta detención, al Régimen simplemente no le importa nada», señala la publicación.
Entre enero y septiembre de 2024, el observatorio documentó la “detención arbitraria” de seis activistas defensores de derechos que actualmente están siendo “sometidos a procesos judiciales violatorios del derecho al debido proceso, acusados por delitos tales como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio”.
El observatorio alertó que el Estado venezolano “ha radicalizado la política de criminalización, represión y control social” tras evidenciar una serie de agresiones y amenazas, detenciones arbitrarias que han afectado a los activistas y sectores disidentes.
Asimismo exigió la reivindicación de la autonomía de las organizaciones sociales y eliminar las “restricciones y obstáculos” para que los ciudadanos puedan crear y participar en los grupos que consideren convenientes “para la promoción y defensa de sus intereses y derechos” en el marco de la Constitución.
También pidió al régimen abstenerse de implementar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, la cual fue aprobada en agosto por la asamblea oficialista, porque “representa una enorme amenaza para el trabajo de protección de los derechos humanos y de ayuda humanitaria” en el país, según Odevida.
