Un aproximado de 900 personas se encuentran actualmente recluidas en el centro penitenciario de Tocorón, estado Aragua, tras haber sido detenidas en las protestas ciudadanas que estallaron en rechazo a los resultados de las últimas elecciones presidenciales en el país.
Las manifestaciones surgidas como respuesta a la inconformidad popular ante lo que muchos consideran un fraude electoral, han sido objeto de represión, resultando en el encarcelamiento de cientos de ciudadanos acusados de terrorismo, traición a la patria y por vulnerar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Los familiares de los detenidos y diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que estas personas, quienes ejercieron su derecho a la protesta pacífica, han sido trasladadas a Tocorón por razones políticas y los mantienen en condiciones que atentan contra su dignidad y sus derechos humanos básicos.
Además, se conoció que muchos de los reclusos están en un estado crítico de salud física y mental, debido a la prohibición de visitas familiares y la falta de atención médica adecuada.
Artículos Relacionados
Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estos encarcelamientos violan derechos fundamentales de los ciudadanos. El artículo 68 garantiza el derecho a la protesta pacífica sin armas y prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para disolver manifestaciones.
Asimismo, el artículo 57 resguarda la libertad de expresión, y el artículo 23 establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevalecen en el país, prohibiendo la detención y represión por razones políticas.
En este sentido, defensores y abogados argumentan que los cargos de terrorismo y traición a la patria carecen de fundamento en este contexto y buscan justificar una represión desproporcionada.
Además, el artículo 49 de la Constitución establece el derecho al debido proceso, garantizando que toda persona debe conocer las razones de su detención y contar con un juicio justo y sin dilaciones indebidas, normas que, aseguran, no se han respetado en estos casos.
Tocorón es tristemente reconocido por sus condiciones precarias y la falta de servicios básicos adecuados. Desde la llegada de estos nuevos detenidos, familiares y representantes de ONG han alertado sobre el hacinamiento, la falta de higiene, así como la carencia de alimentos y agua potable en el penal, lo que aumenta el riesgo de enfermedades y agrava los problemas de salud física y mental de los reclusos.
“Están completamente aislados de sus familias, sin acceso a una defensa adecuada y en condiciones que afectan gravemente su salud mental”, señaló un activista de derechos humanos.
Con información de La Patilla
