La organización Amnistía Internacional (AI) denunció que la situación de los derechos humanos en Ecuador se ha deteriorado durante el Gobierno del presidente Daniel Noboa, cuyo mandato ha estado marcado por el combate a las bandas del crimen organizado.
Amnistía lanzó este informe en el marco del examen que el Comité de Derechos Humanos de la ONU realiza desde esta semana al país andino.
«Frente al aumento de la violencia, el presidente ha optado por un enfoque de mano dura en cuanto a las políticas de seguridad y ha calificado a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de ‘terroristas’, declarando la existencia de un ‘conflicto armado interno’ y prorrogando constantemente estados de excepción en el marco del denominado Plan Fénix», señaló la organización.
AI tildó de «preocupantes» las denuncias que existen sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto, «como las miles de detenciones llevadas a cabo con escasa evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las prisiones, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas presuntamente perpetradas por las Fuerzas Armadas durante las operaciones de seguridad».
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La organización no gubernamental afirmó que estas actividades se han realizado «con opacidad», a lo que se suma «la estigmatización que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos» que están denunciando «los abusos» que comete la fuerza pública, incluso por parte del presidente Noboa.
«Las medidas excepcionales que restringen los derechos humanos han pasado de ser temporales a convertirse en la norma en Ecuador, y las repercusiones negativas son claras. La población de Ecuador merece vivir en condiciones de seguridad sin tener que renunciar a sus derechos», dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales y a la vez decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las calles y las cárceles controladas por estas organizaciones.
Este despliegue de las Fuerzas Armadas – aseguró AI – «plantea riesgos para los derechos humanos porque el personal militar está entrenado para combatir al enemigo y no para proteger a la población civil».
Y consideró también como «preocupante» la decisión de aplicar el derecho internacional humanitario en el contexto ecuatoriano, «porque esta medida puede utilizarse para debilitar determinadas salvaguardias de derechos humanos».
«Oleada de detenciones»
Amnistía Internacional señaló que durante el conflicto armado Ecuador registra una «oleada de detenciones en delito flagrante» que han ocurrido «de manera improvisada en la calle» y que la situación jurídica de quienes han sido apresados «no está del todo clara».
Según datos de la Fiscalía de Ecuador que cita la organización, entre enero y julio de 2024 se registraron denuncias de doce casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, cuatro casos de presuntas desapariciones forzadas y 95 casos de tortura. En 2023, el Ministerio Público solo contabilizó cinco denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales.
Entre esos casos, agregó, está el de Carlos Javier Vega, un joven de 19 años que fue asesinado por militares en febrero, mientras circulaba con su primo por una calle del sur de la ciudad de Guayaquil. Las Fuerzas Armadas catalogaron a los jóvenes como «presuntos terroristas» a quienes detuvieron «ante un intento de ataque a un retén militar».
Meses después, la Fiscalía se abstuvo de acusar a los jóvenes, uno de los cuales quedó herido, por el delito de ataque y resistencia por el que supuestamente habían sido detenidos por los militares.
Condiciones carcelarias
Amnistía también alertó de la situación dentro de las cárceles, donde organizaciones de derechos humanos han registrado «más de 100 denuncias de tortura y otros malos tratos» desde la declaratoria del primer estado de excepción de este año.
Además, la organización recibió «información preocupante» sobre la falta de acceso de las personas privadas de la libertad a servicios básicos, como la alimentación, el agua y medicamentos.
AI llamó a las autoridades ecuatorianas a garantizar «que sus políticas de seguridad se ajusten a las leyes y normas internacionales de derechos humanos» y aseguró que la comunidad internacional «puede desempeñar un papel importante a la hora de pedir que las autoridades ecuatorianas actúen con transparencia y rindan cuentas».
