La ONG Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) afirmó este martes que nueve personas con discapacidad, así como un joven de 17 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), siguen detenidos tres meses después de la crisis política que se desató en el país tras el rechazo al resultado oficial de los comicios presidenciales.
A través de una nota de prensa, Consorven indicó que a estas nueve personas no se les está garantizando la «accesibilidad ni los ajustes razonables, a los fines de comprender por qué están privados de libertad y recibir las orientaciones legales relacionadas al proceso».
«Nos preocupa la situación de un adolescente con TEA, quien tiene 17 años, que también está detenido por el contexto postelectoral y según información suministrada por sus familiares, el joven se mostró confundido y nervioso al no saber las razones de su detención, propio de la falta de acompañamiento de profesionales para el acceso a la información», añadió.
La ONG pidió a las autoridades que a estas personas se les garantice el «acceso a la justicia, la libertad y seguridad», como contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dispone «que el Estado asegurará el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones».
El pasado 25 de octubre, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela hay 1.953 «presos políticos», la mayoría detenidos en el contexto de crisis postelectoral.
Se trata del «mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos, en el siglo XXI», aseguró en la red social X la ONG, que computa 69 adolescentes encarcelados -con edades de 14 a 17 años- y 1.884 adultos.
Del total, 1.824 fueron detenidos tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó -con base en unos datos aún desconocidos de forma desagregada- la reelección de Nicolás Maduro, un anuncio señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria, lo que desató numerosas protestas en el país.
El Gobierno venezolano responsabiliza a los manifestantes -a quienes vincula con la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- de generar «violencia» y «vandalismo» en varias sedes públicas, mientras que la oposición acusa de «represión» a los agentes de seguridad del Estado.
