Cerca de 30 heridos dejó un enfrentamiento entre la fuerza pública y manifestantes que protestan contra el gobierno de Bolivia y en apoyo al expresidente Evo Morales, investigado penalmente por un supuesto caso de estupro.
El choque se produjo en Mairana, en el departamento de Santa Cruz, uno de los múltiples puntos bloqueados por campesinos que desde el 14 de octubre cortan el paso por importantes vías con piedras, según autoridades.
«Los heridos son 29 (…) de los cuales 27 son efectivos policiales», declaró la ministra de Salud, María René Castro.
Los otros dos lesionados son un periodista y un manifestante, agregó Castro en conferencia de prensa.
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El hospital de Mairana informó a la AFP que cuatro heridos fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz con traumatismo encefalocraneal, dijo María Veizaga, médica del centro de salud.
El enfrentamiento se produjo cuando la fuerza pública entró a despejar la carretera en Mairana.
Los manifestantes también retuvieron por horas a varios efectivos antimotines y a dos periodistas de la televisora Red Uno.
Nos «tiraban piedras, palos e incluso detonaban ‘cachorros’ (cilindros recortados) de dinamita», dijo a la prensa el reportero Ricardo Pedraza.
Los retenidos fueron liberados en un intercambio con manifestantes detenidos por las autoridades, señaló por su parte la Defensoría del Pueblo en un comunicado sin detallar el número.
En tanto, este martes en Parotani, en la ruta que une Cochabamba con La Paz, miles de seguidores de Morales exigieron la renuncia del presidente Luis Arce como condición para levantar los bloqueos.
«Hasta que renuncie va a estar movilizado este pueblo», dijo Constancio Vallejos, un agricultor de 37 años en Parotani.
– Condena enérgica –
Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.
Con el enfrentamiento de este martes también aumentaron a 43 los heridos en dos semanas de manifestaciones, la gran mayoría uniformados.
También han sido detenidos 50 manifestantes, señala el balance del gobierno.
«Queremos condenar enérgicamente este tipo de violencia, porque ya no estamos hablando de una protesta (…) estamos hablando de actos delincuenciales», dijo a medios la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
Las protestas son protagonizadas por campesinos aliados del expresidente Morales, en rechazo a la «persecución judicial» de su líder de 65 años.
La toma de las vías afecta principalmente al departamento de Cochabamba, donde el exmandatario está resguardado por sus bases políticas, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su aprehensión.
El líder indígena está bajo investigación por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor en 2015, cuando aún era presidente.
Morales rechaza la acusación como una «mentira más» orquestada por el gobierno de su exministro Luis Arce, con quien mantiene una agria disputa por la candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2025.
– Tensión en aumento –
La protesta en apoyo del expresidente se convirtió en un airado reclamo contra el gobierno de Arce por la crisis derivada de la escasez de combustible y de dólares, y el aumento de los precios de la canasta básica.
La tensión se elevó aún más después del domingo, cuando Morales denunció un atentado a balazos contra su vida por parte de un grupo policial y militar.
Según su versión, el automóvil en el que se movilizaba recibió 14 impactos de bala en un ataque perpetrado en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, y del que salió ileso.
Su chofer resultó herido por el roce de los proyectiles.
Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, acusó a la administración de Arce de intentar matarlo.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, desmintió a Morales y lo acusó de montar un «teatro» en torno al episodio.
Según el ministro, fue el equipo de seguridad del expresidente el que disparó contra una patrulla policial, al eludir un puesto de control antidrogas. Un uniformado resultó herido, de acuerdo con el funcionario.
Este martes, Morales pidió a los organismos regionales CELAC y ALBA que investiguen su denuncia.
Tanto la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) están conformados por gobiernos aliados del líder indígena de izquierda.
