Una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en el país desde hace al menos 10 días, según confirmaron a El Pitazo diferentes fuentes que destacaron que los funcionarios prestan asistencia penal al sistema de justicia venezolano. Hace unos días visitaron la cárcel de Tocorón, donde se entrevistaron con familiares de detenidos por las protestas poselectorales.
Los enviados verifican si las autoridades penales venezolanas cumplieron con procesos transparentes en la detención de 1.976 personas acusadas por terrorismo e incitación al odio luego de la elección presidencial del 28 de julio. Se conoció que poseen acceso a los expedientes del Ministerio Público referentes a las aprehensiones.
Una de las fuentes consultadas indicó que la reciente solicitud de Nicolás Maduro al Ministerio Público para que verificara si existe algún detenido por error, podría deberse a la presencia de la CPI en el país.
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“Si alguna instancia internacional tiene una repercusión importante en el Gobierno es la CPI. Ya vemos qué pasa con los informes del alto comisionado o con la Misión de la ONU, que no la quieren para nada, pero con la CPI es distinto, tan distinto que permitieron su acceso a los expedientes, tribunales y algunos centros de privativa de libertad”, destacó el entrevistado, que pidió protección a su identidad.
Otra de las fuentes que confirmó la presencia de esta comisión destacó que no se puede esperar un informe público de esta inspección, ya que se trata de una visita distinta de la investigación que hace la CPI en Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
“La CPI no abrirá una investigación por los hechos electorales, pero sí está verificando si se siguen replicando todos aquellos procesos denunciados ante este organismo que no garantizan justicia. Ya se darán cuenta de que en Venezuela no han hecho nada para revertir lo que dio pie a la investigación de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad”, precisó la fuente haciendo referencia al proceso ordenado por el fiscal Karim Khan en noviembre de 2021.
La referida investigación se inició tras la publicación de un informe en diciembre de 2020 por la Oficina de la Fiscalía de la Corte, en el que se declaró que tenían fundamentos razonables para creer que, al menos desde 2017, autoridades civiles y miembros de la Fuerza Armada cometieron crímenes de lesa humanidad.
Atención de la Fiscalía
El pasado miércoles 13 de noviembre, fiscales de los derechos humanos del Ministerio Público se reunieron con los siete adolescentes y el joven de 18 años recluidos en la Casa de Justicia ubicada en El Cementerio, en Caracas, desde hace tres meses.
Según detallaron familiares, algunos funcionarios los entrevistaron sobre el contexto de su detención y un médico forense les realizó exámenes. El Pitazo reseñó al día siguiente de este encuentro que todos los detenidos aseguraron a la comisión que estaban en un lugar distinto de una protesta cuando los detuvieron después de las elecciones. A varios de ellos los sacó la policía de su vivienda para aprehenderlos.
Este encuentro sería en un principio en presencia de los representantes, pero se realizó solo con los adolescentes, según contaron sus madres. Una de ellas detalló que funcionarios del centro le informaron que la comisión iba acompañada de extranjeros, posiblemente miembros de la CPI.
Para el martes 12 de noviembre estaba pautado el juicio de uno de los adolescentes, de 16 años, pero fue reprogramado para la semana entrante, ya que la Fiscalía no presentó pruebas acusatorias.
Testimonios recabados por familiares de estos jóvenes, así como de otros detenidos por las protestas poselectorales, detallan que durante las audiencias de presentación fueron persuadidos para que se declararan culpables por los delitos de terrorismo e incitación al odio. De igual modo, también los incitaron para que culparan a dirigentes opositores de pagarles para que manifestaran, causaran destrozos y desestabilización, con la excusa de rebajarles la pena, pero ninguno de los entrevistados accedió, pues todos se declararon inocentes.
Durante las protestas poselectorales que se desarrollaron en diferentes zonas del país, fueron asesinadas 25 personas; 8 de los casos ocurrieron en Caracas. Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que los manifestantes fueron heridos de bala por funcionarios policiales o colectivos armados.
En el registro más reciente de detenidos del Foro Penal se contabilizan 1.976 personas aprehendidas por las protestas. Entre ellas 69 adolescentes, 146 mujeres, 163 funcionarios militares y 18 detenidos, de los cuales se desconoce su paradero.
Khan y Maduro
En abril de este año se registró la cuarta visita a Venezuela del fiscal de la CPI, Karim Khan. En ese momento, el gobierno de Maduro se comprometió a incorporar el Estatuto de Roma en el marco jurídico nacional de Venezuela.
También se acordó el regreso de un equipo técnico de la CPI a Caracas para acordar iniciativas de complementariedad del Estatuto de Roma, para accionar ante las denuncias de crímenes.
En los comunicados de prensa emitidos por el gobierno de Maduro sobre dicho encuentro, este se comprometió a “seguir el proceso de renovación jurídica en materia de justicia y de derechos humanos e incorporar al ordenamiento jurídico interno los principios y valores del Estatuto de Roma”.
