Autoridades de las organizaciones Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncian en sendas declaraciones el agravamiento de la represión política en Venezuela, y piden el cese de detenciones arbitrarias, los crímenes, y la rendición de cuentas desde las protestas poselectorales, así como el apoyo a la transición pacífica hacia la democracia.
Las declaraciones dadas a conocer en esta última semana coinciden con el registro de casi 2,000 presos políticos en el país, de los cuales 1,848 están encarcelados en el contexto de las manifestaciones ciudadanas contra el fraude electoral del 28 de julio, una cifra considerada la más alta de todas las Américas, según el reporte de la ONG Foro Penal.
Crímenes en Venezuela
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, dijo que la organización ha realizado una investigación “a fondo” de los hechos ocurridos en Venezuela en los últimos cinco años y afirmó que ha encontrado “pruebas de crímenes contra la humanidad” cometidos en Venezuela, “en particular persecución” por motivos políticos.
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“Hemos hallado pruebas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, estigmatización de los defensores de derechos humanos y arrestos de gente por disentir de las autoridades”, detalló Callamard en entrevista recogida por medios internacionales y en la que coincidió con los resultados del Informe de la Misión sobre Verificación de Hechos de Naciones Unidas.
Destacó en el periodo poselectoral “la represión ha escalado y se ha visto un deterioro marcado”, una situación que también ha afectado a representantes de Amnistía Internacional quienes han tenido que irse del país y tomar precauciones, según dijo.
“Debemos pedir el fin de las detenciones arbitrarias, debemos pedir rendición de cuentas por todo lo que ha pasado”, afirmó tras pedir la liberación incondicional de presos políticos y de aquellos que se encuentran detenidos por otro tipo de expresiones pacíficas.
Transición hacia la democracia
La presidenta de la CIDH, Comisionada Roberta Clarke, por su parte, señaló en un comunicado que la situación de derechos humanos sigue deteriorándose en Venezuela, tras recordar que “los patrones de ataques a la democracia, así como la persecución política” han sido constantes y documentados desde 2015.
Al destacar la falta de transparencia de los resultados electorales por la falta de instituciones independientes, solicitó que la comunidad internacional no cese en exigir responsabilidades.
“Sin estas acciones, la declaración del Consejo Electoral proclamando el tercer mandato de Nicolas Maduro no es legitima”, dijo y añadió: “Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué un organismo de derechos humanos esta abordando las alegaciones de fraude, la respuesta es sencilla: los derechos políticos son derechos humanos, y en una democracia cada voto cuenta”.
Tras recalcar que las “acciones del régimen en el poder silencian la disidencia y suprimer las voces críticas”, Clarke pidió la libertad inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente.
“La Comisión Interamericana continuara monitoreando y visibilizando la crisis de derechos humanos en curso, y haciendo un llamado por una transición pacífica hacia la democracia”, afirmó.
