Cerca de 100 presos políticos –entre ellos dos españoles–, de una lista de 225, fueron liberados este sábado bajo medidas cautelares en diferentes centros penitenciarios donde se encontraban detenidos después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Así lo confirmaron las ONG y las autoridades venezolanas. El resto serán puestos en libertad en las próximas horas.
Los dos presos políticos españoles –un joven y una mujer, cuya identidad se mantiene bajo anonimato–, que estaban detenidos en el penal de Tocorón (Aragua) y en la cárcel de mujeres de Las Crisálidas (Los Teques, Miranda), fueron liberados de manera condicional ante los tribunales, confirmó a ABC el Consulado de España en Caracas. «Los dos presos políticos españoles salen en condiciones muy peculiares, con régimen de presentación periódica ante el juez y con la promesa de no hacer declaraciones».
Fuentes del ministerio de Exteriores han confirmado a ABC que están en contacto con las familias de los presos, después de que estos hayan informado al Consulado de España en Caracas de su liberación. No obstante, desde Exteriores apuntan a que siguen «trabajando para obtener una confirmación oficial».
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La excarcelación de este primer grupo de presos se produce tras la conmoción nacional e internacional que produjo la muerte bajo custodia del testigo de mesa electoral Jesús Manuel Martínez Medina, ocurrida este jueves. El fallecido, que sufría diabetes tipo II, fue detenido de manera arbitraria un día después de los comicios. Una de las primeras reacciones tras conocerse su muerte fue la de Edmundo González, exiliado en España. El presidente electo calificó a Martínez Media como «uno de los héroes que el 28-J defendió a los más de siete millones de venezolanos que votaron por un cambio. Murió bajo custodia del Estado y sufrió una muerte causada por la indiferencia y la negligencia de las autoridades. Se le negó atención médica, medicamentos y el traslado urgente a un centro de salud».
La liberación de los primeros presos políticos tuvo lugar a las 4.30 de la madrugada de ayer en diversos centros penitenciarios como Yare (Miranda), Tocorón (Aragua), Tocuyito de Carabobo, Yare III y la cárcel de mujeres en Las Crisálidas (Los Teques, Miranda), según confirmaron la ONG Foro Penal, Provea, el Colegio Nacional de Periodistas y el Consulado de España (hay 24 españoles presos) y el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Un día antes, el viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había anunciado que su despacho había solicitado ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las elecciones, que según el Gobierno serían 2.400 personas, mientras que el último informe del Foro Penal sitúa la cifra en 1.976 detenidos, de los que 69 son menores de edad. Entre los excarcelados ayer hay adolescentes, personas mayores, activistas y mujeres.
Visita de la CPI
La liberación de los detenidos coincide con la llegada a Caracas de una comisión de la Corte Penal Internacional (CPI) que ha visitado las cárceles y se ha entrevistado con los familiares de detenidos. La comisión habría pedido al gobierno chavista la revisión de los 225 casos.
Esta masiva liberación de presos políticos (que recuerda a las realizadas por el régimen de Nicaragua, aunque en su caso los excarcelados fueron deportados) es la mayor que se recuerda. En junio de 2018 fueron liberados otros 40 presos políticos debido a la fuerte presión internacional tras su cuestionada reelección en los comicios celebrados el 20 de mayo.
En las liberaciones de este fin semana también habría tenido que ver la presión de la comunidad internacional tras el fraude electoral del 28 de julio y la represión contra las protestas en las calles, que provocó cientos de detenciones, desapariciones forzadas y casi una treintena de muertos.
«El régimen de Maduro está acorralado», asegura a ABC el exalcalde de Caracas y jefe del comando de María Corina Machado en España, Antonio Ledezma. «En una reciente encuesta el 92% reconoce a Edmundo González como presidente electo; el partido de Maduro está desmoralizado», señala.
Según Ledezma, la presión sobre el Gobierno chavista habría aumentado también tras la muerte del activista Edwin Santos, líder del partido opositor Voluntad Popular en el estado de Apure, que tras varios días desaparecido fue encontrado sin vida el 25 de octubre; así como la de Martínez Medina. «Ambas han tenido mucha repercusión». También habría influido la visita de la CPI, organismo que tiene abierta una investigación contra Maduro desde hace años por crímenes de lesa humanidad.
Extorsiones
Si bien el opositor considera una buena noticia las excarcelaciones de presos políticos este fin de semana, «eso es justicia, pero no revuelve la tragedia de Venezuela», teme que esta pueda ser la estrategia de «puertas giratorias» que Maduro ya ha utilizado en otras ocasiones: liberar por un lado y después realizar nuevas detenciones. También denuncia que el número de detenidos es confuso «porque hay cifras negras, hay gente retenida que no se sabe. El chavismo amenaza con abrir expedientes si no recibe dinero a cambio, extorsiona, y ciudadanos normales se convierten en presos políticos».
Para Miguel Ángel Martín, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que vive en el exilio, la decisión de Maduro de liberar a cientos de presos políticos responde a tres motivos: «La presión de la comunidad internacional sobre las violaciones a los derechos humanos después de las elecciones está dando sus frutos; adicionalmente, hay un grupo de la Corte Penal Internacional haciendo una visita en Venezuela, y quieren vender la idea de magnanimidad; también le envían un mensaje a EE.UU. para suavizar la posición ante la llegada del nuevo gobierno de Trump».
Un Ejecutivo del que formará parte, si no pasa nada extraordinario, el cubanoamericano Marco Rubio, nominado como futuro secretario de Estado y que es un acérrimo luchador contra las dictaduras de América Latina, lo que habría inquietado al Gobierno chavista tras cuatro años de laxitud por parte de la Administración Biden: «Le preocupa porque los planteamientos de Rubio son firmes cuando señala que Maduro robó las elecciones y está implementando una dictadura», zanja el magistrado.
