El Gobierno de Javier Milei acusó este domingo a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) de falsear su lugar de residencia para incrementar su «pensión de privilegio» como exmandataria y viuda de expresidente.
En una entrevista con la emisora radial Rivadavia, el director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, afirmó que Fernández cobraba, además de las dos pensiones citadas, un «suplemento por zona austral», es decir, por vivir en Ríos Gallegos, provincia de Santa Cruz, pese a que reside en Buenos Aires.
El pasado viernes, el Gobierno suspendió las pensiones de Fernández, previstas en la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes, mediante una resolución de ANSES en la que argumentó que eran «incompatibles» con «haber cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional».
Este hecho ocurrió después de que la justicia argentina reafirmara una condena por corrupción contra la expresidenta de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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Según De los Heros, Fernández cobraba 35,2 millones de pesos (35.200 dólares) por las pensiones no contributivas correspondientes a haber ocupado la Jefatura de Estado y ser viuda de Néstor Kirchner (2003-2007), incluido un suplemento de 6,3 millones de pesos (6.300 dólares) por declarar su domicilio en la Patagonia.
El suplemento se le pagaba a Fernández porque «presentó un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos», indicó el responsables del ANSES, quien agregó que «permitir que esto siguiera sucediendo era una inequidad absoluta» si se compara este monto con las jubilaciones mínimas de los argentinos.
Los datos aportados por De los Heros contrastan con los publicados por la organización no gubernamental Chequeado, dedicada a verificar la información pública, según los cuales, en mayo de 2024 la expresidenta cobraba 21,6 millones de pesos brutos (21.600 dólares a cambio actual y 12.200 al cambio de aquella fecha).
Tras la decisión del Gobierno de suspender las pensiones a Cristina Fernández, la exmandataria puede reclamarlas por la vía judicial, como ocurrió durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que también intentó quitarle las pensiones, pero no lo logró.
Según los expertos, la suspensión o retirada de una pensión de privilegio la debe determinar el Congreso de la Nación.
Por otro lado, la sentencia por corrupción contra Fernández no es firme, ya que la expresidenta puede recurrirla ante la Corte Suprema y, de hecho, eso es lo que planean hacer sus abogados, lo que dejaría el fallo en suspenso.
Tras la decisión tomada por el Gobierno, Cristina Fernández calificó a Milei de «dictadorzuelo» y sostuvo que es «ilegal» porque las pensiones de los expresidentes no se conceden por buen desempeño, sino por el «mérito» de haber sido elegidos por el voto popular. EFE
