Con Nicolás Maduro Moros no solo regresaron las cárceles abarrotadas de presos políticos, como la época de los dictadores Juan Vicente Gómez Chacón y Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Con la revolución madurista, también regresaron los presos con grilletes, a lo que se suma las modernas audiencias telemáticas. Más que presos son rehenes, aunque sean adolescentes, extranjeros o nacionales, mujeres, ancianos, hombres, todos son un elemento de canje, negociación o distracción para el régimen venezolano. No salen en libertad plena, sino con medidas de presentación y bajo amenaza de que no pueden hablar en medios o redes sociales.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Los privados de libertad cuando son trasladados desde sus celdas al Palacio de Justicia en Caracas, los llevan con gruesas y oxidadas cadenas, mientras que funcionarios, portando armas largas, los conducen por los pasillos, con una barra de hierro donde anclan las cadenas. A la degradante escena se suma que el detenido pasa todo el día en la sede judicial, sin que le suministren alimentos.
El régimen venezolano convirtió en regla lo que, antes del Covid 19, era una excepción; las audiencias o declaraciones telemáticas. Hay detenidos que están en el interior del país, pero su juicio lo lleva un juez en Caracas. Muchos de esos presos no saben el nombre ni cómo es el rostro del fiscal, del defensor público y el juez, ni siquiera si realmente son los funcionarios que dicen ser.
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Los presos políticos en Venezuela están en total indefensión, violándoles el derecho a la defensa y al debido proceso, prohibiéndoles tener abogados de su confianza, imponiéndoles defensores públicos que obedecen órdenes de sus superiores, sin acceso a los expedientes.
Son por lo menos 10 años de una secuencia de presos políticos con denegación de justicia, muchos de ellos torturados, sin derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, desde que pasaron de que los juzgara tribunales militares a los creados como Tribunales de Terrorismo.
Las detenciones le han permitido al régimen en Venezuela usar a los presos como fichas de canje, de chantaje, de miedo y amenaza. Lo ocurrido desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, disparó la cifra de presos políticos; lo que se ha vivido con los detenidos por causas políticas, algunos totalmente inocentes, solo para sacarlos del juego político o neutralizarles sus derechos, lleva más de una década.
La estrategia de usar presos como fichas de negociación, le permitió al régimen madurista que EEUU liberara a los narcosobrinos y al comerciante colombiano Alex Saab, a cambio de estadounidenses presos.
Se le agrega la excarcelación no plena de detenidos que atrae la atención pública cuando el gobierno venezolano requiere bajar la indignación popular o distraer al país, como ocurrió con la muerte por negligencia y falta de atención médica del testigo electoral Jesús Manuel Martínez Medina “Manolín”, quien estaba bajo custodia policial en Anzoátegui.
Es escalofriante la cifra de presos políticos, que solo desde el día de las elecciones presidenciales, cuenta cerca de dos mil personas. Venezuela tiene la mayor cantidad de presos políticos del continente.
Si bien es cierto que, para el momento de su detención, el 29 de julio, tras haber sido testigo electoral en las elecciones presidenciales, Martínez Medina padecía de diabetes y problemas cardíacos, también lo es que su condición se agravó por la falta de atención médica.
De nada sirvió que la coalición de oposición Plataforma Unitaria, el exfiscal Zair Mundaray y dirigentes políticos como Eduardo Battistini, reclamaran semanas antes que a Manolín se le estaba complicando el cuadro de salud y urgía que su pierna fuera atendida. Nadie respondió, ni el fiscal, ni el defensor del Pueblo, ni el Juez ni las autoridades policiales, mucho menos el Ministerio del Interior.
Martínez Medina sufrió un deterioro de la salud, que lo descompensó, mientras las autoridades se negaban a trasladarlo para atención médica, con la excusa que esperaban la orden del Tribunal; cuando tardíamente lo llevan al Hospital ya tenía gangrena en su pierna y no podían amputársela hasta que no se estabilizara. Murió el pasado 14 de noviembre.
Las reacciones no se hicieron esperar. Voces políticas, dentro y fuera del país, venezolanas y extranjeras, hicieron duras críticas y denunciaron que el régimen venezolano no solo desplegó una brutal represión, sino que ha negado la justicia y violentado los derechos humanos de los detenidos hasta llevar a Martínez a la muerte.
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