«Pablo», un dirigente opositor venezolano, en sus 50 años, ya no siente la libertad de antes para armar reuniones masivas con su equipo o visitar barriadas en su región, en el occidente del país. Si ocurren esos encuentros, nada de fotos, ni tuits, todo de prisa. Deben obrar con “prudencia”, cuenta, admitiendo su “terror” de ser detenidos por hacer política.
“Todos estamos en riesgo” después de las controvertidas elecciones presidenciales de hace casi 4 meses y las subsecuentes persecuciones por agentes de inteligencia del Estado, asegura a la Voz de América bajo condición de anonimato, por temor a represalias.
El presidente socialista Nicolás Maduro se reeligió oficialmente en julio para un nuevo período de 6 años, que iniciaría el 10 de enero de 2025. Políticos como Pablo afirman tener copias de las actas de los centros de votación de la mayoría de las ciudades del país para comprobar que triunfaron. Sin embargo, defender esa victoria les parece igual a comprar un boleto de lotería cuyo premio es la cárcel.
“Hay terror entre nuestros dirigentes, lo han sembrado con mucha fuerza”, confiesa el líder opositor, acusando expresamente al chavismo de “dinamitar” el juego político en Venezuela mediante prácticas que tilda de fraudulentas, violentas y represivas.
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Revela que ha tratado de llevar adelante su trabajo político “con mucha inteligencia” en los últimos meses: son secretos los detalles de sus mítines, como hora y lugar; evitan reuniones masivas; apagan sus teléfonos al reunirse; borran conversaciones privadas; y procuran “no hablar mucho” para acortar el tiempo de sus cónclaves.
Riesgo hasta de muerte
La oposición aspira a que su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, se juramente en enero como jefe de Estado. El chavismo, por su parte, considera la elección como un asunto pasado, mientras ha arrestado a cientos de activistas y dirigentes de partidos adversos, acusándolos de terrorismo.
El miedo de los políticos opositores no se fundamenta en sospechas. El mismo gobierno ha difundido videos e informaciones sobre la detención de dirigentes antichavistas vinculados a la elección y que contrarrestaron su resultado.
Recientemente, uno de ellos murió bajo custodia del Estado.
El jueves pasado, familiares, múltiples ONG y la dirigente opositora María Corina Machado denunciaron la muerte de un testigo electoral y miembro del partido Vente Venezuela, diabético, de 36 años, que había sido arrestado un día después de la elección y cuya enfermedad no fue atendida a tiempo por las autoridades en su reclusión.
Machado, que ha confesado vivir en la clandestinidad por temor a perder su libertad y su vida, dijo que las piernas del activista Jesús Martínez Medina sufrieron necrosis tras semanas en un calabozo “infrahumano” del estado oriental de Anzoátegui.
Cifras que huelen a muerte y detención
Martínez Medina es considerado el preso político número 20, entre civiles y militares, que muere bajo custodia del Estado en la última década, siempre durante el gobierno de Maduro, delfín político del fallecido expresidente y teniente coronel Hugo Chávez Frías.
Además, desde la elección presidencial, el gobierno detuvo a 1.848 personas, para un total de 1.976 presos políticos, según la ONG Foro Penal.
En Venezuela, ha habido más de 17.900 detenciones por razones políticas en la última década, según sus registros. Tras la votación de julio, esos arrestos incluyeron a alcaldes, exdiputados, exgobernadores y dirigentes de partidos, como Rafael Ramírez, Freddy Superlano y Williams Dávila, también a activistas de bajo o mediano perfil.
“He tenido que estar varios días escondido, he bajado un poco el perfil de mis denuncias”, cuenta a la VOA Eulises, otro líder de la oposición venezolana, también atemorizado.
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