El dictador de Nicaragua Daniel Ortega impulsó una reforma constitucional que extiende los periodos presidenciales de cinco a seis años, mediante una propuesta de reforma consignada este martes en la Asamblea Nacional.
En la propuesta, el régimen sandinista también recomienda la creación de la figura de un «co-presidente» y una «co-presidenta» desempeñado por su esposa Rosario Murillo, que serían electos «mediante el sufragio universal». Tanto el co-presidente como la co-presidenta tendrían el mismo poder.
La reforma, aprobada por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, amplía significativamente los poderes del Ejecutivo al otorgarle la capacidad de coordinar directamente los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Electoral.
Según el texto, el presidente tiene la función de “articular y supervisar” las acciones de estos órganos, una medida que, según expertos, anula cualquier separación de poderes y confirma la concentración de autoridad en manos de Ortega y Murillo.
Los cambios constitucionales solicitados por Ortega también pretenden cambiar los símbolos nacionales.
Uno de ellos es la incorporación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio, lo que, según analistas, busca perpetuar el vínculo entre la identidad nacional y el partido gobernante.
Otra medida destacada es la reafirmación de la histórica demanda de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su “intervención” en la guerra civil de los años 80. La mención de este caso busca revivir un tema que ha sido recurrente en el discurso de Ortega, centrado en culpar a potencias extranjeras de las crisis internas del país.
Por otro lado, el régimen solicitó tener poder para “ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”.
Las modificaciones refuerzan el dominio del régimen sandinista sobre las instituciones del país y ya generan críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Diversos sectores de la oposición nicaragüense han rechazado la propuesta de reforma constitucional. El empresario y ex candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro dijo que la nueva Constitución será «despótica», pues elimina la forma de gobierno con «separación de poderes» y se instaura «la bandera oficialista».
«Por esta violación de los derechos constitucionales algunas personas dirán que es lo que ocurría en la práctica, pero esto es sumamente grave. Como nicaragüenses debemos estar conscientes de la magnitud de estos cambios. No debemos aceptarlo», enfatizó.
n panorama de represión y exilio
El contexto en el que se aprueban estas reformas está marcado por un ambiente de creciente represión.
Desde las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, Ortega ha eliminado prácticamente toda oposición política, cerrando medios de comunicación independientes, encarcelando a líderes críticos y forzando al exilio a decenas de miles de nicaragüenses.
“Esto no es solo una reforma constitucional; es la institucionalización de una dictadura absoluta”, señaló un politólogo exiliado en Costa Rica al periódico local La Prensa, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad.
Según organizaciones internacionales como Human Rights Watch, las modificaciones son una estrategia más del régimen para consolidarse en el poder indefinidamente.
