Un total de 60 organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron este jueves que el Estado intimida y persigue a defensores de derechos humanos, actos que condenan, luego de que el director de la ONG Provea, Óscar Murillo, fuera citado a declarar ante una sede policial en Caracas en el marco de una investigación por la muerte de un dirigente social.
En un comunicado, las organizaciones alertan que en el país suramericano «la lucha por los derechos humanos y la justicia social enfrenta constantes desafíos arbitrarios e ilegales», pese a lo cual reiteraron que mantendrán su trabajo, aun cuando hay varios activistas detenidos y acusados por delitos como terrorismo.
«Condenamos que un Estado -en cuya Constitución se denomina democrático, de derecho y justicia- intimide y persiga a quienes luchan por la justicia y la dignidad humana. La defensa de los derechos humanos y la protección a quienes los defienden no solo es una cuestión de justicia, sino un deber moral», reza el escrito.
Sobre la citación de Murillo, que rindió declaraciones por espacio de cinco horas en una sede policial, las ONG criticaron que nunca se explicó al convocado si acudiría en calidad de testigo, sospechoso o cuál era su vinculación con la investigación por la muerte de Edwin Santos, registrada en octubre pasado luego de que familiares denunciaran su desaparición.
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«Nos preocupa profundamente que estemos frente a un acto de criminalización de la defensa de derechos humanos, así como de los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión. Podría ser, además, un intento de intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela», añade el comunicado.
Provea, al igual que otras ONG, pidió una investigación imparcial e independiente sobre la muerte de Santos, denunciada por parte partidos opositores -que aseguran que el dirigente social estuvo detenido antes de ser encontrado muerto- como asesinato y reportada como un accidente de tránsito por las autoridades. EFE
