El gobierno venezolano se prepara para privatizar entre 500 y 600 empresas públicas, de las cuales 350 ya están listaspara ser transferidas a inversionistas, principalmente nacionales, mediante venta directa o alianzas entre el Estado y el sector privado.
Prioridad al capital privado
Luigi Pisella, presidente de Conindustria, informó que el presidente Nicolás Maduro le comunicó la intención del Ejecutivo de priorizar el capital privado en esta iniciativa, coordinada por el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab.
“El Presidente me mostró un proyecto para ampliar la Siderúrgica en Guayana, incorporando equipos modernos para aumentar su capacidad de producción a 1.250 millones de toneladas métricas anuales de acero“, recordó Pisella.
Añadió: “Se me indicó la pertinencia de involucrar al sector privado en esta inversión, lo cual me pareció adecuado. Evidentemente, había muchos ceros y le dije que podríamos formar un grupo para atraer inversionistas. El presidente me dijo que la prioridad era conseguir inversionistas venezolanos“.
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Inversión en proyectos petroleros y gasíferos
En otra reunión, la vicepresidenta Delcy Rodríguez detalló que el Estado está dispuesto a incluir a inversionistas nacionales en proyectos de producción petrolera y gasífera.
El inventario de empresas a privatizar está en manos del Ministerio de Industria y Producción Nacional, dirigido por Alex Saab. Pisella indicó que se iniciará un proceso para revisar los casos y determinar en qué condiciones pueden participar los capitales privados nacionales.
Gestión privada de las empresas
Pisella dejó claro que, independientemente de la participación de los inversionistas privados, serán los socios particulares quienes gestionen integralmente estas compañías.
“La vicepresidenta Rodríguez hizo una corrección cuando alguien mencionó que este era el modelo Chevron, y dijo que, en realidad, es el modelo Venezuela, porque fue el Estado quien decidió el manejo de las empresas mixtas petroleras y otorgó la gestión a los socios privados”, apuntó Pisella.
Para el dirigente gremial, este elemento genera confianza en el capital privado interesado.
Evaluación y condiciones de las empresas
Consultado sobre las garantías que el sector privado podría solicitar para participar en el proceso, Pisella advirtió que lo primero es evaluar caso por caso.
“Debemos hacer un levantamiento de cada empresa. En algunos recorridos que hemos hecho, en muchos casos el mantenimiento se ha realizado, por lo que de las 600 que podrían salir a oferta, ya están listas 350. Presumo que estas 350 están en condiciones adecuadas para colocarse en el mercado”, señaló Pisella.
“En todo caso, creo que esta es una iniciativa muy importante y va en la dirección correcta, porque es necesario que estas empresas pasen a la administración de personas con experiencia y capacidad de gestión“, precisó.
Pisella enfatizó que no existe un esquema definido para la transferencia de estas empresas a manos privadas.
“Todo está sobre la mesa. Pueden ser ventas directas o alianzas público-privadas, donde el Estado conserve una participación. Nada está descartado“, manifestó.
Necesidad de flexibilización de sanciones
Por otra parte, Pisella remarcó la urgente necesidad de mantener la flexibilización de las sanciones contra entidades estratégicas del Estado venezolano, que afectan a todo el país.
Según su criterio, para que este proceso de incorporación de capital privado a empresas estatales funcione, no pueden seguir vigentes sanciones que impidan hacer negocios con participación del Ejecutivo, ya que representan un obstáculo fundamental.
“En el año 2013, el producto interno bruto per cápita estaba cercano a los 12.000 dólares por año y hoy, si bien arrancamos en el año 2021 en 2.000 dólares, estamos en 3.000. Necesitamos recuperar crecimiento y consumo para que la utilización de la capacidad instalada se incremente“, señaló.
Asimismo, subrayó que el Estado debe aumentar sus ingresos para financiar inversiones cruciales en servicios, como el suministro eléctrico, y fortalecer la gestión macroeconómica.
“Los ingresos del Estado deben no solo mantenerse, sino seguir aumentando para que la desaceleración de la inflación se produzca y se consolide. Creo que vamos en el sentido adecuado”, enfatizó el gremialista.
Con información de Banca y Negocios.
