La ONG Foro Penal informó este sábado que ha registrado y verificado la excarcelación de 169 personas vinculadas a las protestas en contra del resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio, que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero señaló que, sin embargo, muchos de ellos aún enfrentan procesos judiciales abiertos y deben cumplir con medidas cautelares como presentaciones periódicas ante los tribunales.
Romero, denunció a través de un video compartido en una publicación de Instagram la grave situación que enfrentan los presos políticos en Venezuela, haciendo énfasis en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, del que han sido excarceladas 40 personas, mientras que en el país la organización registra que todavía se mantienen en prisión 1.887 «presos políticos«.
Según el abogado, en este centro penitenciario hay más de 400 personas detenidas tras las protestas postelectorales del pasado 28 de julio. Esta cifra forma parte de un total de 1.887 ciudadanos que han sido encarcelados de manera arbitraria en todo el país, según el monitoreo de la ONG.
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“Seguimos apoyando a familiares y a los excarcelados, cuyos procesos judiciales siguen en curso”, expresó el abogado y defensor de derechos humanos en sus redes sociales.
Desde las puertas de la cárcel de Tocuyito, acompañado por familiares de los detenidos, Alfredo Romero denunció que a muchos de los encarcelados se les negó el derecho a la defensa privada durante las fases cruciales de los procesos judiciales.
“No permitieron defensa privada en fases fundamentales para la defensa integral, como lo es la fase de investigación y la preliminar”, manifestó.
El pasado fin de semana, hubo varias excarcelaciones en prisiones del país, tras una revisión -solicitada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía)- de los casos de detenidos en el contexto de crisis tras los comicios del 28 de julio, marcado por numerosas protestas contra la proclamada reelección de Maduro.
Foro Penal reiteró su llamado a las autoridades para garantizar los derechos humanos de los detenidos y trabajar hacia una solución que permita la liberación plena de quienes permanecen encarcelados por razones políticas.
