Las esperanzas de que la victoria electoral de Donald Trump significaría un nuevo comienzo para la política estadounidense hacia Venezuela comienzan a desvanecerse.
Los inversores que apostaban a que Trump revisaría las negociaciones para resolver el estancamiento político en la nación sudamericana recibieron un duro golpe después de que Estados Unidos eligiera al senador Marco Rubio como próximo secretario de Estado. Rubio, un firme defensor de sanciones más duras contra el gobierno de Nicolás Maduro, representa para muchos un retroceso a una política de línea dura fallida, lo que reduce las probabilidades de un posible acuerdo.
Su nombramiento fue el primero de una serie de señales sobre el regreso de la estrategia que dominó la política hacia Venezuela durante el primer mandato de Trump. La denominada estrategia de “máxima presión” incluyó un duro paquete de sanciones económicas y el reconocimiento de un gobierno paralelo encabezado por el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
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“Las señales de los designados por Trump sugieren un peor escenario que recuerda a la primera era de Guaido”, dijo Guillermo Guerrero, estratega de EMFI Securities. “Pero la ‘máxima presión’ ya falló una vez y es poco probable que sea efectiva esta vez”.
Trump también eligió a Mike Waltz —otro crítico de Maduro— como su asesor de seguridad nacional. Waltz está copatrocinando un proyecto de ley conocido como la Ley BOLIVAR, que endurece las restricciones a las entidades que tratan con el gobierno de Venezuela sin una licencia estadounidense.
Los bonos venezolanos en dólares en mora han perdido más de un céntimo en toda la curva desde el nombramiento de Rubio, y las pérdidas han aumentado tras la aprobación de la Ley BOLIVAR en la Cámara Baja del Congreso de EE.UU. unos días después. Los bonos soberanos se negocian alrededor de los 14 centavos, mientras que los de PDVSA cambian de manos por 10 centavos o menos
El descenso es “claramente una señal de que algunas personas no son tan positivas sobre una normalización Trump con el gobierno de Maduro”, dijo Francesco Marani, responsable de operaciones de la firma boutique de inversión española Auriga. “Es difícil predecir dónde podría tocar fondo”.
Un rally de corta duración
Se trata de un cambio de tendencia respecto de los días previos a las elecciones estadounidenses, cuando se pensaba que Venezuela se beneficiaría de una victoria de Trump. La esperanza de que Trump pudiera romper un estancamiento político que se había estado gestando bajo la administración Biden hizo que los bonos del gobierno subieran hasta 17 centavos.
Ramiro Blázquez, jefe de investigación de BancTrust & Co., dice que aún es prematuro descartar una negociación bajo el nuevo gobierno estadounidense.
“Es simplista pensar que Trump va a repetir el camino”, dijo Blazquez. “La continuidad de la política de los demócratas hubiese extendido el statu quo sin llegar a ningún tipo de definición”.
Incluso antes de que Trump asuma el cargo, el gobierno de Biden está aumentando la presión en su recta final. El 27 de noviembre, sancionó a 21 funcionarios que, según dijo, apoyaron el esfuerzo de Maduro de desafiar los resultados de las elecciones presidenciales de julio, que la oposición del país y Washington afirman que perdió.
El actual mandato de Maduro finaliza el 10 de enero, lo que supone una temprana prueba para la administración estadounidense entrante, en la que tanto Maduro como la oposición reclaman la victoria.
Los administradores de fondos habían hecho subir los precios de bonos venezolanos a principios de este año después de que JPMorgan Chase & Co. reintrodujera la deuda en sus índices, que la mayoría de inversionistas de mercados emergentes siguen como referencia para sus carteras. Los bonos también repuntaron antes de las elecciones de julio en el país, con la esperanza de un cambio de régimen o de que Maduro obtuviera el reconocimiento de EE.UU. tras una elección justa.
Ahora bien, una mayor escalada de las sanciones probablemente supondría un riesgo a la baja para los bonos. El gobierno ha estado en default con respecto a la deuda externa desde 2017 y debe más de US$150.000 millones a prestamistas extranjeros, según cálculos de economistas.
“Sin un camino hacia la normalización y reestructuración, el crédito seguirá bajo presión”, dijo Guerrero.
