La organización Transparencia Electoral publicó un exhaustivo informe titulado “20 años del sistema automatizado de votación en Venezuela: Garantías, sospechas y vulnerabilidades”, que analiza las dos décadas de funcionamiento del sistema automatizado de votación implementado en el país caribeño desde 2004.
El documento aborda, entre otros aspectos, las controversias políticas que han marcado su aplicación en un contexto de creciente autoritarismo bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Todo ello después del fraude cometido por el régimen chavista el 28 de julio pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó al dictador como vencedor de los comicios sin presentar las actas que avalaran los resultados.
El análisis cobra especial relevancia cuando el sistema automatizado, mediante su capacidad de trazabilidad y auditoría, permitió a las fuerzas opositoras desmontar el discurso oficial y demostrar el fraude masivo cometido por el oficialismo. A través de la publicación del 83% de las actas de escrutinio, quedó expuesta la victoria del líder opositor Edmundo González, contradiciendo los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El sistema automatizado de votación en Venezuela se introdujo en 2004 como una respuesta a las crecientes demandas de transparencia electoral. Este innovador esquema incluyó el uso de máquinas de votación con respaldo en papel, la autenticación biométrica de los votantes y mecanismos de auditoría ciudadana.
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El informe destaca que estas medidas han fortalecido, en términos técnicos, la capacidad del sistema para garantizar procesos más rápidos y auditables. En 2012, se incorporó la autenticación biométrica para mejorar la identificación de los electores y prevenir el voto múltiple, mientras que la doble verificación (voto electrónico respaldado en papel) permitió contrastar los resultados emitidos por las máquinas con las actas físicas.
De acuerdo con Transparencia Electoral, a pesar de estas innovaciones, el contexto político ha comprometido la confianza en el sistema. La subordinación del CNE al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las amenazas al secreto del voto y los casos documentados de fraude han socavado su legitimidad.
El informe recuerda eventos como la filtración de la Lista Tascón en 2004, que reveló los nombres de los ciudadanos que firmaron una solicitud para revocar a Chávez, generando miedo y represalias políticas. Este hecho reforzó las sospechas sobre la confidencialidad del sufragio y se convirtió en un gran fantasma alrededor de los comicios en el país, la idea de que el voto no es secreto se instaló y aún deambula amenazando a quienes creen en represalias por parte del chavismo cuando acuden a sufragar.
Fraudes emblemáticos
El documento subraya que, aunque el sistema ha sido técnicamente robusto, su uso en elecciones clave ha estado marcado por irregularidades. Entre los casos más emblemáticos figuran:
- Elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 2017: El proceso estuvo ampliamente cuestionado, con denuncias de manipulación de datos para inflar la participación.
- Elecciones regionales de 2017 en el estado Bolívar: Se documentó que los resultados oficiales no coincidieron con las actas de los testigos electorales.
- Fraude presidencial de 2024: Las irregularidades alcanzaron su máxima expresión, pero la capacidad de las fuerzas opositoras para auditar y publicar resultados expuso la manipulación, forzando un rechazo internacional.
Además, el informe detalla cómo eventos como el incendio en 2020 de un almacén del CNE, que destruyó miles de máquinas de votación, y la creciente influencia de la empresa ExClé, vinculada a altos funcionarios gubernamentales, han minado aún más la credibilidad del sistema.
Transparencia Electoral subraya que, a pesar de las vulnerabilidades, el sistema automatizado ha jugado un papel clave en la lucha por la democracia. Su capacidad para documentar irregularidades ha permitido a las fuerzas democráticas desmontar narrativas oficiales y visibilizar el alcance de los fraudes.
No obstante, el informe enfatiza que la tecnología por sí sola no puede garantizar elecciones justas en contextos donde prevalece el autoritarismo. Señala la urgencia de una reforma estructural que garantice la independencia del CNE, elimine la influencia del PSUV y restablezca la confianza ciudadana en el sistema electoral.
El caso de las elecciones de 2024 evidencia que, aunque la tecnología puede exponer manipulaciones, la voluntad política es esencial para asegurar procesos verdaderamente transparentes y equitativos. En este sentido, Transparencia Electoral invita a reflexionar sobre el rol de la tecnología electoral en contextos de crisis democrática y aboga por un compromiso político y ético hacia la equidad y la justicia.
