El embajador argentino en los Países Bajos, Mario Oyarzabal, expresó su desacuerdo con la decisión de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de permitir que Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, ejerciera su derecho al voto, a pesar de la deuda de 14,1 millones de euros acumulada desde 2018.
Este hecho se produjo durante una reunión celebrada esta semana en la ciudad neerlandesa. De acuerdo con una explicación de la ONG Provea en su cuenta de X, el artículo 112(8) del Estatuto de Roma establece que las naciones que acumulen una mora superior a dos años pierden el derecho al voto en la Asamblea.
«Ante este precedente, la Asamblea decidió revisar los criterios para conceder el voto a Estados morosos para 2025, debido a que fue sencillo que a Venezuela, el país con la mayor deuda acumulada desde 2018, se le haya concedido el derecho al voto», agregó Provea.
En este caso, la situación de Venezuela no fue la única que causó debate, ya que también se concedió el derecho al voto a Liberia, a pesar de que su deuda de 16.524 euros data de diciembre de 2022.
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En su intervención, Oyarzabal subrayó la importancia de «mantener la transparencia y la integridad del sistema de justicia internacional». Agradeció el apoyo internacional hacia las víctimas y destacó la necesidad de aplicar las normas del Estatuto de Roma de manera rigurosa para evitar posibles irregularidades.
