El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala emitió este viernes una orden de captura por dos supuestos delitos contra el periodista Juan Luis Font, quien se encuentra exiliado fuera del país desde hace más de dos años.
La Fiscalía, cuya cúpula se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos, solicitó capturar al periodista por los supuestos delitos de colusión y cohecho pasivo, por un caso que se encuentra siendo diligenciado por un tribunal de mayor riesgo de la ciudad de Guatemala.
Font, de 57 años, tiene 34 años de carrera periodística y es director del medio de comunicación radial Con Criterio. Además, desde 2022 decidió exiliarse fuera de Guatemala debido a una persecución en su contra.
En 2021, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, con varios procesos por corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), lo acusó de supuestamente recibir sobornos millonarios.
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El fiscal, Rafael Curruchiche, sancionado por más de 50 países por actos “antidemocráticos”, a cargo del caso contra el periodista señaló en rueda de prensa que Font habría cometido ilegalidades al supuestamente intentar que su proceso penal fuera conocido por la entonces jueza Erika Aifán.
Font reaccionó a la orden de captura en su contra por medio de su cuenta oficial de X, donde publicó una fotografía de un paisaje en una ciudad europea y escribió “hoy no podemos atenderles porque estamos ocupados”.
Antes de su salida del país, Font acusó a un grupo de activistas de derecha y al exministro Sinibaldi de perseguirlo por las investigaciones sobre corrupción que publicó entre 2012 y 2015 en la revista ContraPoder que él dirigía en ese momento.
Entre 2019 y 2024, al menos 20 periodistas han decidido exiliarse fuera de Guatemala, tras denunciar persecución política de parte de la Fiscalía en su contra.
Además, el periodista premiado internacionalmente por su trabajo de investigación, José Rubén Zamora Marroquín, fue apresado durante 813 días entre 2022 y 2024, por un supuesto caso de lavado de dinero que nunca fue comprobado.
Este año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió en un informe que en Guatemala los entes encargados de impartir justicia están siendo utilizados para criminalizar la labor periodística.
