El Gobierno de Perú ha creado una comisión sectorial para debatir la aplicación de la pena de muerte en casos de violación sexual de menores, informó la noche del sábado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un comunicado.
«El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha dispuesto, a iniciativa del titular del sector, Eduardo Arana, la creación de la Comisión Sectorial encargada de realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad», indicó la institución.
Expuso que en Perú existe un grave problema social con la incidencia de dicho delito, por tanto este grupo de trabajo organizará debates descentralizados en diversas regiones del país.
La comisión, creada mediante una resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano, tiene como objeto elaborar un informe técnico que recoja las propuestas para evaluar la aplicación de esta sentencia, prevista en el artículo 140 de la constitución.
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«Para ello, los integrantes de la comisión deberán organizar debates descentralizados en diversas regiones del país que contribuyan al cumplimiento de su objeto, con la participación de instituciones estatales y de representantes de la sociedad civil», detalló el ministerio.
Además, difundirá las actas de los debates en cada región y sus conclusiones para finalmente elaborar y difundir el informe final que recoja los resultados de los debates.
La resolución señala que la comisión tiene una vigencia de tres meses, pudiendo prorrogarse, y tanto sus integrantes como los invitados a los debates ejercen sus funciones ad honorem.
Este martes, la presidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó que el país tiene que abrir el debate para aplicar la pena de muerte a violadores de menores, tras el reciente asesinato de una adolescente de 12 años en Lima que ha conmovido a la opinión pública, y en consonancia, distintos ministros han apoyado su postura, lo que ha iniciado diversas reacciones.
La pena de muerte es una sentencia prohibida por el Pacto de San José, suscrito por el país andino en 1978.
Además, el viernes, el partido de derecha Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para que el país abandone la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también conocido como Pacto de San José, para, de este modo, abordar «de forma soberana» la aplicación de la pena de muerte.
El proyecto, presentado por la congresista de APP María Acuña y filtrado a medios locales, incluye una denuncia de competencia de la Corte Interamericana Americana de Derechos Humanos (Corte IDH), que, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son fruto de la CADH.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó que la pena de muerte «es una medida salvaje» y rechazó la posibilidad de que sea objeto de debate.
«Soy contundente, creo que la pena de muerte no puede ser ni siquiera objeto de debate; es más, es una medida salvaje y ha sido superada en sociedades democráticas y no podemos volver atrás», enfatizó Arévalo.
EFE
