El pasado 14 de noviembre, la muerte de Jesús Martínez Medina conmovió al país entero. Se trata de un hombre de 36 años, testigo electoral en los comicios presidenciales, y preso político desde el pasado 29 de julio, que desarrolló necrosis en ambas piernas y, siendo paciente diabético, requería una imputación.
A más de un mes de su muerte, el Ministerio Público solo se ha referido a su fallecimiento una vez. En un comunicado, aseguraron que Jesús sufría de diabetes tipo II y defendieron que, todo el tiempo de su privación de libertad “contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba”.
Tenía más de un mes hospitalizado cuando partió, en el Centro Médico Luis Razetti, del estado Anzoátegui, a donde ingresó el pasado 11 de octubre. Su madre, María Medina, permaneció al lado de su hijo desde el momento en el que fue trasladado al hospital.
Según denunció, Medina desarrolló una infección en la pierna como consecuencia de las condiciones en los calabozos del Sebin, donde también contrajo sarna y abscesos en la piel. Su cuadro clínico, agravado por la diabetes tipo II que padecía desde los 25 años, hizo que sus familiares solicitaran reiteradamente al Ministerio Público atención médica para él.
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No obstante, el MP aseguró que se le “garantizaron el respeto al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el goce de los demás derechos consagrados en la Constitución”.
Jesús Rafael
Cuatro semanas después de la partida de Martínez, en el estado Carabobo la familia de Jesús Rafael Álvarez lloraba por su trágico deceso.
Fue el 12 de diciembre cuando el padre de 44 años murió en el Complejo Penitenciario Carabobo, conocido como el Penal de Tocuyito, según informó la organización Una Ventana a la Libertad (UVL).
Jesús Rafael Álvarez era un hombre de familia, según muestran sus publicaciones en redes sociales. Solía compartir imágenes junto a su esposa e hijos en su natal Anaco, estado Anzoátegui. Una de sus últimas publicaciones decía: “Mi esposa y yo siempre juntos”. Álvarez era egresado de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, en Puerto Ordaz.
El 2 de agosto fue detenido junto a su esposa Anny Suárez en el estado Bolívar. Anny permaneció recluida en Puerto Ordaz, mientras que él fue trasladado a Tocuyito.
Lamentablemente, Jesús Álvarez, su hijo mayor de 22 años, tuvo que enterarse del fallecimiento de su padre vía redes sociales, y luego, reconocer su cuerpo viendo una fotografía, tomando en consideración que no veía a su progenitor desde el día de su aprehensión.
“En dicha foto vio a su papá irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado (…). Observó que tenía el pómulo hinchado, con signos evidentes de un golpe», expuso el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Jesús aseguró que Álvarez “era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre”. “Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban», relató.
Ahora, pide la liberación de su madre. «Yo no quiero que ella también muera (…), encerrada ahí, siendo inocente, igual que mi padre, (…) un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia, todavía tenía tanto que darnos a nosotros», expresó Álvarez, de 22 años, en un video publicado por la ONG.
Osgual González
Este lunes 16 de diciembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un tercer preso político de las protestas poselectorales en el país, quien se encontraba bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocuyito, en Carabobo, Osgual Alexander González.
González, de 43 años, fue detenido el pasado 1 de agosto en el estado Lara junto a su hijo, de 19 años, quien sigue recluido en Tocuyito.
Su partida ocurrió menos de 72 horas después de la muerte de Jesús Álvarez, quien estaba internado en el mismo centro penitenciario.
Según relataron sus familiares, González llevaba días quejándose de un intenso malestar. «Siento algo adentro que me ahoga, que no me deja respirar bien, como si tuviera los órganos inflamados», habría dicho a sus allegados, de acuerdo con un reporte publicado por El Carabobeño el pasado 11 de diciembre.
La familia denunció que, pese a los evidentes síntomas de gravedad, como piel amarilla, labios morados, abdomen inflamado y fuertes dolores, en el ambulatorio del penal solo le suministraron analgésicos, lo que aparentemente agravó su condición.
A González le fue diagnosticado un cólico nefrítico, diagnóstico que sus parientes pusieron en duda desde el inicio, considerando la falta de exámenes médicos especializados.
Ante la situación, los familiares insistieron en la necesidad de trasladarlo a un hospital. Sin embargo, sus reiteradas solicitudes no fueron atendidas. Incluso llevaron medicamentos por su cuenta en al menos dos ocasiones, pero afirmaron que nunca pudieron hablar con el director del penal para exigir una atención adecuada.
La madrugada de este lunes, cerca de la 1:00 a. m., la familia recibió una llamada informándoles de su deceso. Minutos después, el cuerpo de González fue trasladado fuera de la cárcel en un autobús.
Los familiares, quienes viajaron desde Barquisimeto hasta Valencia, se encuentran ahora a la espera de retirar el cadáver en la morgue. En la misma cárcel permanece detenido el hijo de González, quien fue arrestado junto a él en su vivienda en Barquisimeto, en el contexto de las protestas poselectorales.
Caso Edwin Santos
El activista opositor Edwin Santos es otro de los políticos fallecidos en los últimos meses. Su cuerpo fue hallado abandonado junto a una motocicleta en una zona enmontada del estado Apure. Esto, luego de que familiares reportaran su desaparición.
Fue el 23 de octubre cuando el partido Voluntad popular denunció que Santos murió. Previamente, el partido político señaló que Santos, de 36 años, desapareció ese miércoles por la tarde después de viajar en motocicleta a la ciudad de El Pinal, hasta que confirmaron su detención. No obstante, esta versión de los hechos no ha sido comprobada.
Quienes sí mostraron pruebas fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la vocería de su director, Douglas Rico, quien expuso que la muerte de Edwin se debió a un accidente.
Según explicó Rico en redes sociales, Santos conducía su motocicleta cuando se estrelló contra un árbol, lo que le provocó lesiones graves, incluida una fractura en el cráneo.
«Rechazamos toda la información falsa que han difundido diversas plataformas de información y voceros que buscan manipular a la gente y decir que el gobierno nacional podría estar detrás de este trágico incidente», declaró Rico.
En otro comunicado, difundido en redes sociales, Rico publicó detalles sobre lo que asegura muestra que se trató de un accidente. «Se realizó un análisis técnico científico, determinando a través de las experticias de mecánica y diseño: abolladuras en su parte frontal, signos físicos de dobles y vaciado de neumático delantero, adherencias por transferencia de la corteza del árbol producto del impacto, fractura de bastones, signos físicos de fracturas de las tapas laterales, signos físicos de fractura de la luz lateral parte posterior del lado derecho, presentando la respectiva llave de encendido conectado a su dispositivo (suichera)», indicó el informe del director del Cicpc.
