El 2 de octubre de 2024, el Fondo Común para los Productos Básicos (CFC, por sus siglas en inglés) aprobó un préstamo de un millón de dólares para la empresa Inversiones Marinas (INMARLACA), vinculada al Grupo LAMAR, un poderoso conglomerado empresarial venezolano liderado por José Enrique Rincón.
La noticia parecía, en principio, un impulso para el sector exportador venezolano. Sin embargo, detrás de esta operación se oculta una trama de corrupción, tráfico de influencias y uso indebido de fondos internacionales.
LA RED DETRÁS DEL PRÉSTAMO
Durante la 78ª Reunión de la Junta Ejecutiva del CFC, Calixto Ortega Ríos, exmagistrado y gobernador venezolano ante este organismo, jugó un papel clave para asegurar la aprobación del préstamo a INMARLACA. Ortega utilizó su vasta red de contactos políticos y económicos para presentar a la empresa como una iniciativa estratégica para el desarrollo de la economía venezolana. Sin embargo, el hecho de que sea la única iniciativa venezolana favorecida revelan un uso sistemático de influencias y tácticas irregulares para favorecer al Grupo LAMAR.
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«Ortega no solo defendió a INMARLACA como un proyecto viable, sino que presionó y manipuló a miembros del comité para garantizar que el préstamo fuera aprobado sin mayores obstáculos».
El Comité de Financiamiento y Crédito (CFC) tiene como objetivo asegurar que los recursos se asignen a proyectos que cumplan con ciertos requisitos clave, como viabilidad financiera, impacto social, y alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, en este caso, INMARLACA, la empresa beneficiaria, no cumplía con los estándares establecidos, lo que indica que su proyecto no tenía el nivel de impacto social deseado o que estaba orientado a actividades que no directamente favorecían el desarrollo social o comunitario.
Aquellos proyectos que se centran en actividades con un alto impacto social (educación, salud, infraestructura comunitaria, entre otros) suelen tener prioridad. Estos proyectos están alineados con las políticas públicas de desarrollo que buscan maximizar los beneficios a largo plazo para la población, especialmente en áreas vulnerables. En este sentido, durante la reunión, había propuestas que, aunque quizá menos rentables en términos económicos inmediatos, podrían tener un efecto mucho más significativo en términos de bienestar social y desarrollo económico local. Estos proyectos están diseñados para abordar necesidades urgentes de las comunidades, como el acceso a servicios básicos, la creación de empleo o la mejora de la calidad de vida.
A pesar de que el proyecto de INMARLACA no cumplía con los requisitos sociales que normalmente prioriza el CFC, la aprobación del préstamo podría haber sido influenciada por diversos factores. En este tipo de decisiones, puede jugar un rol importante la presión política, la influencia de actores clave o incluso consideraciones de corto plazo que buscan dinamizar ciertos sectores económicos, como el privado o industrial, que pueden tener un impacto indirecto en el desarrollo económico.
El hecho de que el proyecto de INMARLACA no estuviera directamente vinculado con actividades de alto impacto social, como el fortalecimiento de comunidades o el mejoramiento de servicios públicos, ha suscitado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. A pesar de que la empresa haya argumentado que su proyecto tendría un impacto positivo en el empleo o en el desarrollo de otras áreas económicas, no termina de justificar la asignación del préstamo.
El Grupo LAMAR, bajo la dirección de José Enrique Rincón, ha sido una figura prominente en los círculos económicos del oficialismo venezolano. Pero esta alianza, otrora sólida, ha comenzado a desmoronarse en medio de pugnas internas dentro del gobierno de Nicolás Maduro.
LA INVESTIGACIÓN GUBERNAMENTAL: 90 ALLANAMIENTOS EN EL ZULIA
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció que se habían realizado 90 allanamientos a empresas vinculadas a José Enrique Rincón y al Grupo LAMAR. La operación forma parte de una investigación por corrupción y conspiración que ha sacado a la luz una compleja red de intereses económicos y políticos.
Ortega Ríos habría facilitado contratos, préstamos y adjudicaciones irregulares a empresas de su red de “clientes”, utilizando métodos que incluyen:
- Coacción y presión sobre los comités de adjudicación.
- Manipulación de criterios de selección, relajando requisitos y procedimientos.
- Influencia en regulaciones públicas, alineando intereses privados con decisiones gubernamentales.
- Uso de la maquinaria mediática para desinformar a la opinión pública y desprestigiar a competidores.
Estas acciones, no solo beneficiaron al Grupo LAMAR, sino que desviaron recursos destinados al desarrollo económico y social, comprometiendo los objetivos de organismos multilaterales como el CFC.
A lo largo de los años, Calixto Ortega Ríos ha sido una figura clave en la política venezolana y un habilidoso intermediario en el mundo de los negocios. Su rol, consiste en aprovechar sus relaciones personales y su influencia política para asegurar contratos, préstamos y beneficios económicos a sus clientes.
«Ortega no solo gestionaba contratos, sino que intervenía directamente en procesos de licitación, modificaba normativas y facilitaba encuentros entre empresarios y funcionarios gubernamentales para asegurar que los intereses del Grupo LAMAR fueran favorecidos».
El historiador y politólogo Luis Alberto Méndez, experto en corrupción latinoamericana, comenta respecto a casos como este: “ilustra perfectamente cómo una figura con poder político puede manipular organismos multilaterales”.
El CFC, un organismo intergubernamental destinado a financiar proyectos de desarrollo en países en vías de desarrollo ha sido criticado por su falta de mecanismos de control efectivos.
La exdirectora de Transparencia Internacional, Marianne Hofstra, advierte: “Los fondos internacionales son una herramienta vital para combatir la pobreza, pero cuando estos recursos caen en manos corruptas, no solo se pierden millones de dólares, sino también la esperanza de las comunidades más vulnerables”.
En este caso procede iniciar una investigación independiente sobre el préstamo otorgado a INMARLACA y sobre la posible interferencia política en sus procesos de toma de decisiones.
El Grupo LAMAR ha sido un aliado cercano del oficialismo venezolano, beneficiándose de contratos millonarios y financiamiento estatal. Sin embargo, en el contexto de una “guerra interna” dentro del chavismo, los antiguos aliados están siendo desplazados por nuevas facciones que buscan el control de los recursos económicos más lucrativos.
El caso del Grupo LAMAR y la participación de Calixto Ortega Ríos en el CFC representa un claro ejemplo de cómo la corrupción y el tráfico de influencias pueden desviar fondos destinados a fines humanitarios y de desarrollo.
Mientras tanto, queda en evidencia que la lucha contra la corrupción en Venezuela y en organismos multilaterales como el CFC debe ser más rigurosa, transparente y efectiva.
