Los familiares de los cuatro niños desaparecidos el pasado 8 de diciembre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se encuentran a la espera de los resultados de los exámenes que médicos forenses realizan a unos cuerpos calcinados que se hallaron el pasado martes, y que estarían listos este lunes.
Las familias acudieron el miércoles al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil hasta donde fueron trasladados los cuatro cadáveres hallados en una zona agreste de Taura, cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, mientras se desarrollaban las investigaciones sobre el caso de los menores, quienes desaparecieron por esa zona luego de haber sido aprehendidos por una patrulla militar.
En el laboratorio les realizaron entrevistas para pruebas antropológicas, según indicó a EFE Billy Navarrete, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que acompaña legalmente a las familias.
Es decir, proporcionaron información sobre los rasgos físicos de los niños, edad, estatura, y otros datos para poder cotejar con los cuerpos encontrados, ante la imposibilidad de realizarles pruebas dactilares debido a su estado.
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A los cuerpos se les va a realizar muestras radiográficas y las respectivas autopsias.
Si los exámenes realizados no arrojan ningún resultado contundente, se procederá con las pruebas de ADN, que podrían tardar unos 30 días, añadió Navarrete. Aunque, aseguró el director de la CDH, el Ministerio del Interior ha ofrecido, en convenio con una universidad extranjera, tener los resultados en cinco días.
Desaparición forzada
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos, que circulan en redes sociales, se observa cómo hombres vestidos con prendas militares detienen a los menores cerca de un centro comercial los golpean y los embarcan en una camioneta.
Los uniformados, según las primeras versiones, trasladaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y en el camino los dejaron en libertad.
El pasado martes, una jueza determinó que esta desaparición debe ser investigada como «forzada» y con «responsabilidad del Estado», tras aceptar el hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión «no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos».
La Fiscalía, por su parte, formulará cargos el próximo martes contra los 16 soldados involucrados por el delito de desaparición forzada.
Reunión con el Gobierno
Los integrantes del CDH también se reunieron este jueves con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca, en un «comité de respuesta integral» que se formó con el objetivo de articular acciones frente a este caso.
En la reunión estuvieron presentes representantes de otras organizaciones que conforman el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la Policía, entre otras.
En la cita se acordó la conformación de una mesa de atención integral a casos de uso ilegítimo de la fuerza, que estará dedicada a dar seguimiento al caso de los menores y a otros de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que involucren a la fuerza pública.
