Los líderes de la Unión Europea aún no han tomado una decisión concreta para reconocer de forma plena a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, a falta de menos de dos semanas para que el líder de la oposición al régimen regrese a su país para jurar el cargo.
Después de cerrar el año extendiendo el paquete de sanciones a 15 funcionarios venezolanos (que debe ser aprobado por el Consejo Europeo), el bloque comunitario sigue demostrando su apoyo a la lucha de la oposición venezolana y el rechazo a la represión de Maduro. El mensaje sigue siendo el mismo: “Maduro debe publicar las actas oficiales”, pero ya han pasado tres meses y todo apunta a que no cumplirá con las demandas de Bruselas.
Hasta ahora, solo Italia y Estados Unidos han reconocido como “presidente electo” a Edmundo González, aunque aún no se sabe cómo se traducirá esto a efectos prácticos después del 10 de enero, fecha en la que se prevé la juramentación de González Urrutia ante los órganos legislativos. El líder opositor ha recalcado que no gobernará desde el exilio.
El Parlamento Europeo, como brazo legislativo de la UE, intenta añadir presión a los Estados miembros, quienes tienen la competencia exclusiva en política exterior: en febrero de 2024, la Cámara les pidió que mantengan las sanciones impuestas al régimen de Maduro e incluso que las endurezcan mientras no haya un compromiso claro y permanente del régimen que “garantice una transición democrática y pacífica en Venezuela”.
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Asimismo, en septiembre aprobó una resolución no vinculante e impulsada por los populares europeos por la que reconocían al líder opositor como ganador de las elecciones, después de dar como válida la copia de las actas oficiales difundidas por la oposición, que daban una holgada victoria a Edmundo González.
En julio de 2023, el Parlamento Europeo condenó la decisión arbitraria e inconstitucional de impedir presentarse a las elecciones de 2024 a relevantes figuras de la oposición como María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano.
El último gesto tuvo lugar la semana pasada en Estrasburgo, cuando los eurodiputados galardonaron a Edmundo González y a María Corina Machado con el premio Sájarov, el mayor reconocimiento en Derechos Humanos que da el bloque comunitario.
En resumen, alabanzas, mensajes de afecto y aplausos es todo lo que ha recibido Edmundo González desde que comenzó su exilio en Europa. Pero el líder opositor no ha logrado una declaración de las potencias europeas que respalde explícitamente su nombramiento el próximo de 10 enero.
La UE no quiere repetir los errores del pasado
Existen varias razones por las que la UE no se atreve a dar el último paso. Primero, porque la situación geopolítica dificulta centrar una estrategia común en todos los Estados miembros. Ahora, la mayor atención del bloque está en otros asuntos como el sorpresivo derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, la guerra en Ucrania o la crisis migratoria. Todos estos temas fueron prioridades en la última reunión de líderes en Bruselas.
Segundo, porque la UE llega con la lección aprendida de la última crisis política en Venezuela, cuando el bloque reconoció al líder opositor Juan Guaidó como “presidente interino”. Entonces, el Parlamento Europeo, al igual que con Edmundo González, aprobó su reconocimiento, pero, a diferencia de ahora, sí pidió a los estados de la UE que hicieran lo mismo. Hay que aclarar que por entonces, en 2015, Guaidó contaba con la mayoría de la Asamblea Nacional venezolana, que tras las elecciones de aquel año estaba compuesta por una mayoría opositora que permitió cierto margen diplomático.
En las siguientes elecciones, en 2021, el chavismo retomó el control de la Cámara legislativa, por lo que la UE retiró de sus comunicados aquella denominación —que no era más que simbólica— al líder opositor, un gesto que sentó como un fracaso diplomático y que ahora no se quiere repetir, ante el peligro de que el bloque se distancie aún más de Venezuela en medio de un pulso contra Rusia e Irán.
El PP presiona a Sánchez… y ahora también Felipe González
Si en América Latina la voz cantante la llevan Brasil, Chile y México, en el Viejo continente países como Italia y España concentran los mayores esfuerzos para mover a sus socios comunitarios. En el caso español, recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Edmundo González el estatuto de asilo que había solicitado tras su llegada a España el 8 de septiembre, con el fin de blindarle diplomáticamente en caso de represalias del régimen. Meses antes, España firmó una declaración junto a una treintena de gobiernos que le reconocía como presidente electo “con los resultados disponibles”.
El Partido Popular critica que “no se está haciendo lo suficiente” y presiona al Gobierno para que, aunque sea en solitario, declare el reconocimiento pleno hacia González Urrutia. De hecho, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley impulsada por los de Feijóo que le reconocía como presidente e instaba a su vez a que el Ejecutivo central hiciese lo propio.
El último en sumarse a este pulso ha sido el expresidente del Gobierno Felipe González, quien pidió también que España “encabece la iniciativa europea, […] que en eso sí debería distinguirse como es natural por sus relaciones históricas con Venezuela y será escuchada”.
”Que España diga: ‘Edmundo González es el presidente de Venezuela electo y está a su disposición para ofrecerle los medios necesarios para que sea eficaz su oferta de pactar una transición después de reconocer los resultados (de las elecciones)‘“, precisó.
Pero España, hasta ahora, prefiere mantener el mismo estatus con el Gobierno venezolano y no se moverá si no es de la mano del resto de las potencias europeas: “Estamos haciendo las cosas en concertación con nuestros socios internacionales. Muy pocos Estados, se cuentan con los dedos de una mano, han reconocido a Edmundo González”, afirmó el ministro de Exteriores José Manuel Albares a comienzos de diciembre, apuntando que otros tantos han cambiado la “denominación” a presidente electo y que no hay “decisiones concretas” para ahondar en el reconocimiento del político.
Con información de Infobae
