En Venezuela, un país marcado por el abuso de poder y la corrupción, el caso Bangente y Grupo Tranred expone un esquema sistemático de terrorismo judicial y extorsión empresarial liderado por los abogados Raúl Reyes y Jesús Escudero, actuando en representación del Grupo Alazán C.A.
Esta trama busca despojar y no pagar a los legítimos dueños del Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) y del conglomerado tecnológico Tranred mediante presiones judiciales, amenazas y manipulación de instituciones.
El inicio del conflicto
En el primer cuatrimestre de 2023, los abogados Reyes y Escudero ofrecieron comprar Bangente y las empresas del Grupo Tranred (1000Pagos, DigoPago y Tranred, C.A.). Estas compañías, pioneras en pagos electrónicos en Venezuela, fueron blanco de un plan estratégico para adquirirlas de manera forzada, bajo engaño y aprovechar su infraestructura operativa.
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Manipulación y engaño en la compraventa
En julio del mismo año, los compradores comenzaron a incumplir los acuerdos pactados tras firmar el contrato, situación que se mantiene hasta la fecha. Usando tácticas intimidatorias, Reyes y Escudero asumieron el control operativo de Bangente y presionaron a los antiguos accionistas para que entregaran la gestión.
Terrorismo judicial y extorsión: Estrategias de manipulación legal
Un año más tarde, Reyes y Escudero orquestaron un ataque judicial masivo utilizando el Tribunal 10º Civil, logrando manipular unas medidas cautelares de embargo y secuestro preventivo basadas en un reclamo inflado de $17 millones. Este monto, evidentemente desproporcionado, se redujo posteriormente a una supuesta reclamación de menos de $1 millón en un arbitraje, lo que expuso el interés extorsivo y la falta de sustento legal de las acusaciones iniciales.
Como si fuera poco, el pasado noviembre, utilizaron al Tribunal 20 de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y a la Fiscalía 6ta Nacional para montar -sin soportes- un fantasioso sabotaje tecnológico a los dueños, familiares, ejecutivos y empleados de las empresas.
Esto hasta ahora ha dejado un saldo de dos personas inocentes detenidas y otras cinco perseguidas por cuerpos de seguridad del Estado, es decir, terrorismo judicial puro y duro. Al hacer esta jugada Reyes y Escudero no se percataron que tanto Bangente como las demás empresas estan reguladas y son supervisadas constantemente por la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban), ente que hasta esta fecha no ha alertado sobre ninguna operación irregular de esta naturaleza.
Complicidad judicial: Irregularidades en el Tribunal 10º Civil
El juez Gustavo Hidalgo Bracho, del Tribunal 10º Civil de Caracas, se prestó para -entre gallos y medianoche- ejecutar y justificar estas medidas infladas, permitiendo un embargo 17 veces superior al monto que luego fue mal reclamado en un arbitraje, todo esto para presionar brutalmente a los originales dueños.
Las irregularidades no terminaron allí, adicionalmente en este mismo tribunal se registraron:
1. Declaración de falta de jurisdicción por el propio juez con medidas activas: Hace tres meses, cuando los dueños originales del Grupo Bangente pudieron ejercer su oposición a las medidas, el juez Gustavo Hidalgo Bracho sentenció que no tenía jurisdicción para conocer el caso. A pesar de ello, mantuvo activas las medidas de embargo infladas, algo completamente contradictorio y carente de sustento legal.
2. Ratificación contradictoria en diciembre: Todavía más sorprendente es que en las últimas semanas, en un hecho escandaloso y descarado, el mismo juez en vez de mandar el expediente al Tribunal Supremo de Justicia como correspondía, se lo quedó en sus manos y dictó una nueva sentencia intentando recuperar la jurisdicción que él mismo había declarado inexistente dos meses antes. Este acto, claramente ilegal evidencia la intención de presión desmedida a fin de ejercer terrorismo judicial para beneficiar al Grupo Alazán.
Pero esta operación ya empezó a desmoronarse por la intervención de la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) al meter la lupa para revisar a los nuevos dueños de Bangente, tras percatarse que estos han alterado documentos, no registraron las asambleas en la oportunidad legal ordenada.
Y para completar este pastel de inconsistencias, tenemos la guinda de la torta: Crearon empresas de maletín para robarse las acciones del banco, colocando gente sin ningún conocimiento ni experiencia bancaria al frente de la institución financiera.
De las investigaciones llevadas a cabo por el ente de control bancario, se pudo comprobar que una de las empresas “dueñas de Bangente” llamada West Corp, C.A. recién constituida, en mayo de 2024, con un capital nada líquido de poco menos de $10.000 soportado por un inventario de muebles usados y viejo.
Según consta en documento adjunto, está ubicada en un apartamento residencial en la UD5 de Caricuao, residencias La Trinitaria escalera 2 en el oeste de Caracas y, es representada por dos señoras que poco o nada saben de la materia bancaria, por lo que ya se está actuando para revertir esta irregularidad y establecer las responsabilidades a que haya lugar.
El caso Bangente y Grupo Tranred evidencia cómo sectores de poder aplican su justicia en una burda manipulación legal liderada por Raúl Reyes, Jesús Escudero y avaladas por actuaciones judiciales irregulares del juez Gustavo Hidalgo Bracho, quienes las convierten en una herramienta de extorsión.
La participación del Tribunal 10º Civil en la emisión de medidas cautelares infladas para presionar, la contradicción flagrante en sus propias decisiones sobre jurisdicción y la ratificación injustificada en diciembre, asi como el montaje de la persecución del Tribunal 20, la Fiscalía 6ta con unos delitos inventados no avalados por la Sudeban, refuerzan la percepción de que estas acciones buscan arrodillar y despojar a los legítimos dueños del Grupo Bangente y Tranred.
¿Quién más estará detrás de todo esto? ¿Conocerán en el alto gobierno todo lo que esta pasando para quedarse por la fuerza con el banco? Este caso constituye una grave amenaza para la estabilidad jurídica y económica en el país, las investigaciones están avanzando y saldrán a la luz nuevas evidencias de toda esta tropelía.
