La comunidad latina de Chicago se está preparando para una gran redada masiva de migrantes el próximo martes, solo un día después de la toma de posesión como presidente de Donald Trump, en lo que podría ser el primer golpe de su dura política migratoria.
Políticos a nivel local, estatal y federal y organizaciones defensoras de los migrantes están trabajando a contra reloj para informar a las comunidades migrantes sobre sus derechos, prepararlas ante posibles emergencias y orientarlas sobre cómo actuar ante agentes migratorios.
Según publicó The Wall Street Journal el viernes por la noche, el nuevo Gobierno planea una «redada migratoria a gran escala» en Chicago, con el despliegue de entre 100 y 200 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Sin embargo, las filtraciones a la prensa podrían hacer que el Gobierno entrante reconsidere la operación, según declaró anoche a The Washington Post Tom Homan, designado ‘zar’ de la frontera por Trump.
A pesar de ello, organizaciones defensoras de los migrantes y legisladores que representan a Chicago en el Congreso de Estados Unidos, como el demócrata Jesús «Chuy» García, de origen mexicano, ofrecieron una rueda de prensa el sábado para advertir a la población.
«Nuestra comunidad ha enfrentado ataques desde la década de 1960», recordó García en declaraciones a EFE, explicando que esa resistencia permitió cambiar regulaciones locales para proteger a los migrantes indocumentados en Chicago y en todo el estado de Illinois.
Chicago se convirtió en 1985 en una de las primeras «ciudades santuario» de Estados Unidos, limitando la colaboración de la policía local con los agentes migratorios federales. Desde entonces ha reforzado esas políticas, especialmente tras el primer mandato de Trump (2016-2021).
«Seguimos afirmando que los inmigrantes traen beneficios a esta ciudad, Illinois y Estados Unidos en su conjunto. Rechazamos las afirmaciones de Trump y otros que sugieren que somos propensos a la conducta criminal. Eso es una falsedad», afirmó García, quien representa un distrito con más del 66 % de población hispana.
El congresista consideró que la amenaza de deportaciones «pone a prueba» a la comunidad, por lo que instó a mantener la calma y conocer los derechos básicos.
Durante la rueda de prensa, tanto García como Delia Ramírez, legisladora demócrata que también representa a una parte de Chicago en el Congreso, recordaron que los migrantes tienen derecho a guardar silencio, contactar a un abogado y no permitir la entrada a su vivienda sin una orden legal.
Además, los migrantes no están obligados a proporcionar información a los agentes, como su estatus migratorio o lugar de nacimiento.
Organizaciones defensoras de los migrantes llevan meses organizando talleres para informar a la comunidad sobre sus derechos, conscientes de que Chicago, uno de los bastiones demócratas, es un objetivo prioritario en las deportaciones.
Tom Homan ya adelantó semanas atrás que las deportaciones empezarían el «día uno» y que Chicago sería el primer objetivo.
La oposición a las deportaciones también ha llegado desde el sector empresarial. Un grupo de líderes empresariales latinos formó recientemente el Comité de 100, que promueve políticas migratorias prácticas, con fronteras seguras y respeto a los derechos de los migrantes.
Sam Sánchez, copresidente del comité y propietario de un restaurante en Chicago, recordó en declaraciones a EFE que un cuarto de los empleados del sector de la restauración provienen de comunidades inmigrantes.
«Perder a estos trabajadores interrumpe las operaciones, afecta negativamente los servicios y perjudica nuestros negocios. Como líder empresarial latino que apoyó a Trump, insto al presidente a priorizar el crecimiento económico, la estabilidad y un estatus legal para los ‘dreamers’ y los trabajadores esenciales», señaló Sánchez.
Trump ganó las elecciones de noviembre con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” de Estados Unidos.
