Horas después de que el presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fuera arrestado formalmente, lo que desencadenó disturbios por parte de sus seguidores, sus abogados dijeron el domingo que él sigue desafiante en su negativa a responder preguntas en la pesquisa sobre su declaración de ley marcial el mes pasado.
Yoon fue arrestado formalmente a primera hora del domingo, días después de ser apresado en su residencia presidencial de Seúl.
Enfrenta la posibilidad de ser encarcelado por su breve medida autoritaria, que desencadenó la crisis política más grave del país desde su democratización a finales de la década de 1980.
El arresto de Yoon podría suponer el comienzo de un largo periodo entre rejas para él, que podría durar meses o más.
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La decisión de arrestar a Yoon desató disturbios en la Corte del Distrito Occidental de Seúl, donde docenas de sus seguidores irrumpieron y causaron disturbios, destruyendo la puerta principal y las ventanas. Utilizaron sillas de plástico, vigas metálicas y escudos policiales que lograron arrebatar a los agentes. Algunos fueron vistos lanzando objetos y usando extintores, destruyendo muebles y máquinas de oficina, rompiendo puertas de vidrio y rociando agua sobre servidores de computadoras. A gritos, exigieron ver a la jueza que había emitido la orden, pero ella ya se había ido.
Cientos de policías fueron desplegados y casi 90 manifestantes fueron arrestados. Algunos policías heridos fueron vistos siendo atendidos en ambulancias. La corte trataba de confirmar si algún miembro del personal resultó herido y de evaluar los daños a sus instalaciones.
En un comunicado emitido a través de sus abogados, Yoon lamentó que la corte no reconociera el “propósito justo” de su decreto de ley marcial, pero también instó a sus seguidores a expresar sus frustraciones de manera pacífica. Hizo un llamado a la policía para que adopte una postura indulgente hacia los manifestantes.
La corte describe a Yoon como una amenaza de destrucción de pruebas
Al conceder la orden de arresto sobre Yoon solicitada por la policía, la corte indicó que suponía una amenaza de destrucción de pruebas. Yoon y sus abogados comparecieron ante la juez del tribunal durante una audiencia el sábado y argumentaron a favor de su liberación.
La Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, que encabeza una pesquisa conjunta con la policía y el ejército, ahora puede ampliar su detención a 20 días, durante los cuales transferirán el caso a la fiscalía para la acusación.
Los investigadores estudian si el decreto de ley marcial del 3 de diciembre de Yoon equivale a un intento de rebelión. Si bien los presidentes de Corea del Sur tienen una amplia inmunidad frente a procesos judiciales cuando están en el cargo, la protección no se extiende a las acusaciones de rebelión o traición.
Los abogados de Yoon también podrían presentar una petición para impugnar la orden de arresto del tribunal. Yoon Kab-keun, uno de los abogados del presidente, dijo que no asistirá a un interrogatorio por parte de la agencia anticorrupción programado para la tarde del domingo y permanecerá en el centro de detención.
La aparición de Yoon en la corte de Seúl provocó escenas caóticas en las calles cercanas, donde miles de sus fervientes seguidores se manifestaron durante horas pidiendo su liberación. Incluso antes de que el tribunal emitiera la orden de arresto de Yoon, los manifestantes se enfrentaron repetidamente con la policía. Al menos dos vehículos que transportaban a investigadores anticorrupción fueron dañados cuando salían del tribunal después de argumentar a favor del arresto de Yoon.
El ministro de Defensa de Yoon, el jefe de policía y varios comandantes militares de alto rango ya han sido arrestados y acusados por sus roles en la aplicación de la ley marcial.
El abogado de Yoon condena su arresto
La crisis comenzó cuando Yoon, en un intento de romper el bloqueo legislativo, impuso el gobierno militar y envió tropas a la Asamblea Nacional y las oficinas electorales. El enfrentamiento duró sólo horas después que los legisladores que lograron eludir un cerco votaron para levantar la medida. La asamblea dominada por la oposición votó para destituirlo el 14 de diciembre.
El destino político de Yoon ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que está deliberando si lo destituye formalmente del cargo o lo restituye.
Seok Dong-hyeon, uno de los abogados de Yoon, calificó la decisión de la corte de emitir la orden como “el epítome del anticonstitucionalismo y la antiley”, manteniendo la posición de Yoon de que su decreto de ley marcial fue un acto legítimo de gobernanza. Señaló el caos en la Corte del Distrito Occidental de Seúl y dijo que el arresto de Yoon inspiraría más ira de sus seguidores.
El Partido del Poder Popular de Yoon lamentó su arresto pero también pidió a sus seguidores que se abstuvieran de más violencia.
El Partido Democrático de la oposición progresista, que impulsó el esfuerzo legislativo para destituir a Yoon el 14 de diciembre, dijo que su arresto sería una “piedra angular para restaurar el orden constitucional colapsado”. También pidió un castigo severo para los alborotadores.
El líder interino del país, el viceprimer ministro Choi Sang-mok, expresó su “fuerte pesar” por los disturbios, diciendo que “socavan directamente la democracia y el estado de derecho”. Pidió más seguridad en los sitios relacionados con el caso de Yoon, incluyendo el Tribunal Constitucional, y medidas para garantizar el orden durante las protestas.
Después de que sus investigadores fueran atacados por manifestantes más tarde el sábado, la agencia anticorrupción pidió a los medios de comunicación que ocultaran los rostros de sus miembros que asistieron a la audiencia.
Yoon insiste en que su decreto de ley marcial fue legítimo
Yoon y sus abogados han afirmado que la declaración de ley marcial pretendía ser una advertencia temporal y “pacífica” a la oposición progresista, a la que acusa de obstruir su agenda con su mayoría legislativa. Yoon dice que las tropas enviadas a las oficinas de la Comisión Nacional de Elecciones estaban allí para investigar acusaciones de fraude electoral, que siguen sin estar fundadas en Corea del Sur.
Yoon ha enfatizado que no tenía intención de detener el funcionamiento de la legislatura. Afirmó que las tropas estaban allí para mantener el orden, no para impedir que los legisladores entraran y votaran para levantar la ley marcial. Negó las acusaciones de que ordenó los arrestos de políticos clave y funcionarios electorales.
Sin embargo, los comandantes militares han descrito un intento deliberado de tomar la legislatura que fue frustrado por cientos de civiles y personal legislativo que ayudaron a los legisladores a entrar en la asamblea, y por la renuencia o negativa de las tropas a seguir las órdenes de Yoon.
Si los fiscales acusan a Yoon de rebelión y abuso de poder, que son las acusaciones que ahora están siendo examinadas por los investigadores, podrían mantenerlo bajo custodia hasta por seis meses antes del juicio.
Si el primer tribunal lo condena y emite una pena de prisión, Yoon cumpliría esa sentencia mientras el caso posiblemente avanza hasta el Tribunal Superior de Seúl y el Tribunal Supremo. Según la ley de Corea del Sur, organizar una rebelión es punible con cadena perpetua o la pena de muerte.
