La Fiscalía de Corea del Sur ha anunciado la imputación del suspendido presidente del país, Yoon Suk Yeol, en el marco de la investigación por la fallida declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Esta decisión ha desatado una crisis política en el país que, a día de hoy, todavía sigue sin solucionarse. El pasado 19 de enero el presidente fue detenido por cargos de insurrección, convirtiéndose en el primer presidente detenido en la historia del país, aunque se negó a declarar.
Yoon considera que se trata de «una investigación ilegal» y que la declaración de la ley marcial fue «un acto de gobierno» destinada a enviar una advertencia al partido opositor. Fue detenido al segundo intento, ya que el 3 de enero intentaron detenerle, pero no lo consiguieron por la resistencia que opuso.
Está acusado de conspiración y abuso de poder
Yoon, tras esta imputación, se enfrenta según el pliego de cargos que ha recogido la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap a una acusación de conspirar con el entonces ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, para incitar a una insurrección a través de la declaración de la ley marcial y del despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional para impedir que los diputados tumbaran el decreto. Algo que sucedió a las pocas horas.
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De esta manera, el presidente se ha convertido en el primer presidente del país imputado por insurrección bajo detención y suspensión de funciones.
El mandatario todavía es considerado como tal, ya que la decisión final tiene que tomarla el Tribunal Constitucional. Fue detenido el 19 de enero tras negarse a responder en varias ocasiones al tribunal surcoreano cuando la orden de arresto expiraba en cuestión de horas.
Se enfrenta a cadena perpetua o pena de muerte
La oficina anticorrupción surcoreana ha tramitado una petición a la Fiscalía para que imputase al presidente por liderar una insurrección y abusar de su poder. La oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios ha manifestado que Yoon conspiró con el ministro de Defensa Nacional y otros militares para iniciar un motín el 3 de diciembre. También le acusan de abuso de poder al enviar tropas a la Asamblea para impedir que los diputados revocaran el decreto de Yoon.
Por ley, en Corea del Sur un sospechoso sobre el que no pese una acusación formal puede permanecer bajo arresto 10 días como máximo, que pueden ampliarse a 20. Con esta acusación, además de convertirse en el primer presidente imputado, se enfrenta a cadena perpetua o pena de muerte, para la que existe una moratoria desde 1997.
