El mayor bloque opositor de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), afirmó este martes que lo que denomina «asedio» policial en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas -custodiada por Brasil- «debe cesar», luego de que varios de los cinco asilados denunciaran la prohibición de acceso a medicinas, así como el corte del servicio eléctrico y de agua potable.
A través de X, la PUD reiteró su llamado a que se respeten los derechos de los asilados -todos colaboradores de Vente Venezuela, partido que lidera María Corina Machado-, quienes ingresaron en marzo pasado luego de que la Fiscalía los acusara de conspiración y traición a la patria.
La coalición compartió un video del opositor Roberto Enríquez, quien recordó que estuvo asilado en la Embajada de Chile «durante casi cinco años», pero -añadió- «jamás» tuvo dificultad de acceso a medicamentos y alimentos, así como a los servicios de electricidad y agua potable.
«Ahora estamos viendo cómo en la residencia de la Embajada de Argentina (…), resulta que a ellos no les permiten el acceso a medicamentos, que les obstaculizan el acceso a alimentos, que les cortan el agua, la luz», señaló Enríquez.
Artículos Relacionados
Asimismo, exigió que se permita la salida de los cinco refugiados, como ha pedido también el Gobierno de Argentina con base en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, firmada y ratificada por el país austral y Venezuela.
El lunes, el asilado Omar González -que advirtió que padece una «lesión crónica en el corazón»- afirmó que se le negó nuevamente el acceso a sus medicinas vitales, una situación que denunció la semana pasada, lo que constituye -reiteró- una «violación» a sus derechos y «un golpe mortal» contra quienes dependen de estos tratamientos «para seguir con vida».
El opositor dijo a EFE recientemente que «hay un número no determinado de alcabalas (controles policiales) donde son revisados todos los vehículos que se acercan a la Embajada» y que en las casas aledañas a la sede diplomática permanecen -según dijo- «efectivos militares, algunos de los cuales portan armas de asalto con mira telescópica», una situación que los asilados denuncian como «asedio» desde noviembre.
Además de González, también se encuentran refugiados en la sede argentina Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos y, hasta el pasado 19 de diciembre, permanecía en el lugar el exministro Fernando Martínez Mottola, quien era asesor de la PUD.
La Fiscalía informó posteriormente que Martínez Mottola se presentó «voluntariamente» en la sede principal de la institución, en Caracas, para declarar sobre «graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores organizados» desde la residencia «tras la celebración de las elecciones presidenciales» de julio.
Por la supuesta planificación de actos terroristas, Venezuela revocó en septiembre la autorización que había otorgado a Brasil, a principios de agosto, para representar los intereses de Argentina en Caracas.
Sin embargo, la Cancillería brasileña manifestó que «permanecerá con la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que Argentina designe a otro Estado aceptable» para la Administración de Nicolás Maduro, a fin de llevar a cabo esas funciones. EFE
