Para este martes 11 de febrero a las 11:00 a.m. estaba prevista la apertura de juicio del caso «Brazalete blanco» donde está involucrada Rocío San Miguel, su exesposo Alejandro González y otras 17 personas más que se encuentran detenidas desde el año pasado. Sin embargo, a la hora prevista para el inicio de la audiencia no habían sido trasladados desde El Helicoide y el Rodeo I, según informaron sus abogados en declaraciones desde el Palacio de Justicia en Caracas.
El fiscal Tarek William Saab vincula a San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, a un supuesto plan de magnicidio el año pasado. Además de «traición» y «terrorismo», se le imputan los cargos de «conspiración», «asociación para delinquir y del homicidio tentado en perjuicio» de Maduro y Freddy Bernal, gobernador del estado de Táchira.
Theresly Malavé, abogada de Rocío San Miguel -que cumplió un año detenida- aseguró que, de no efectuarse el traslado este martes, como ocurrió ya en una oportunidad en el mes de diciembre, la jueza Alejandra Romero, del Tribunal Tercero de Terrorismo, deberá fijar la nueva audiencia en un lapso de 10 días máximo.
«En la primera oportunidad no hubo traslado de los 19 involucrados en la causa. En esta oportunidad esperamos que sí y tenemos expectativas al respecto; hoy debería darse la oportunidad de que los abogados seamos juramentados como defensa», expresó al mediodía de este martes mientras esperaba en el Palacio de Justicia, en Caracas.
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Por su parte, Juan Luis González, abogado que defiende al exesposo de San Miguel, quien se encuentra en El Rodeo I, refirió que ha pasado un año de la aprehensión y aún no han podido juramentarse como abogados privados, por lo cual no pueden conocer el expediente de la causa. Ninguno de los involucrados tiene acceso a él.
Denunció que en la audiencia de presentación ante el tribunal segundo de control de Terrorismo, el año pasado, les impusieron defensores públicos contra la voluntad de los involucrados. En el caso de González, fue trasladado a la sala telemática del Rodeo I bajo engaño, no le informaron que era la audiencia de presentación, sino que «era un trámite». González le contó a uno de sus familiares que no constató la presencia del fiscal.
Medida humanitaria
Mientras que en el caso de Rocío San Miguel, contó que la activista por los derechos humanos se negó a ser representada por un defensor público y abandonó la sala. Por lo cual el tribunal declaró desacato e hizo la audiencia sin su presencia, que según Malavé viola el debido proceso.
«Rocío tiene defensa pública, que no ha ido a verla ni la primera vez y dice que tiene que pedir autorización. Aparentemente le dieron autorización, pero no la dejaron ingresar», declaró. Aseguró que San Miguel necesita estar defendida y por lo menos saber los delitos de los que la acusan.
Tampoco le han permitido la visita consular del gobierno de España, a la cual San Miguel y González tienen derecho porque son ciudadanos con nacionalidad española.
Malavé pidió al gobierno español realizar las gestiones pertinentes para que le otorguen una medida humanitaria a San Miguel, quien sufre inamovilidad en uno de sus brazos debido a una fractura en el hombro hace seis meses que no ha sido atendida.
«Del gobierno de España esperamos que el caso se impulse porque ellos si tienen los contactos y pudiera ser efectivo. Si la solicitud se planteara de gobierno a gobierno se pudiera dar la medida humanitaria», manifestó.
