La Defensoría del Pueblo de Panamá pidió este sábado que se investigue y deslinde responsabilidades por el naufragio en aguas del Caribe panameño de una lancha con migrantes irregulares que regresaban a sus países, y que dejó una niña venezolana de 8 años muerta.
Ante este naufragio ocurrido «en el contexto del flujo migratorio inverso» la Defensoría «insta a las autoridades a iniciar las investigaciones para deslindar responsabilidades», indicó la institución en un comunicado, indicó la agencia de noticias EFE.
La Defensoría reiteró además «como lo hizo cuando se registraba la movilidad humana de sur a norte» su alerta sobre «los peligros que acarrea la ruta marítima ante sucesos similares que cobraron en su momento la vida de otras personas durante naufragios similares» que afectaron a embarcaciones procedentes de Colombia.
La Defensoría del Pueblo de Panamá expresó su solidaridad con las familias afectadas por el naufragio, ocurrido el viernes de acuerdo con la información oficial, e informó que oficiales de derechos humanos de la institución «continuarán este fin de semana recabando datos en el sitio para los informes respectivos».
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Una niña venezolana de 8 años murió y 20 personas fueron rescatadas tras el naufragio en aguas del Caribe panameño de una embarcación que transportaba a 21 personas, 19 de ellas migrantes de Colombia y Venezuela que regresaban a sus países, informaron este sábado las autoridades panameñas.
El naufragio tuvo lugar la noche de este viernes en aguas próximas a la comunidad de Mansucum, situada en la comarca indígena Guna Yala, «en el contexto del flujo migratorio inverso, activándose de inmediato los protocolos de emergencia con unidades de la Brigada Caribe».
De acuerdo con la información oficial, la lancha que naufragó ignoró una advertencia sobre las condiciones climáticas «adversas» en la zona, como sí hicieron otras dos embarcaciones que suspendieron el viaje hacia la localidad de La Miel, cercana a la frontera con Colombia, lo que derivó en este «lamentable accidente».
El flujo de migrantes irregulares que llegan a Panamá por la selva del Darién, la peligrosa frontera natural con Colombia, se derrumbó 94% en enero pasado, en comparación con el mismo mes del año anterior, en medio de un endurecimiento de las medidas de seguridad panameñas y de la política inmigratoria de Estados Unidos.
En las últimas semanas grupos de migrantes han intentado entrar a Panamá desde la vecina Costa Rica, en un viaje a la inversa, es decir, de regreso a sus países, dado las crecientes trabas para ingresar a Estados Unidos.
Panamá además ha aceptado ser un país «puente» para la repatriación de migrantes irregulares y en ese marco ha recibido a casi 300 enviados por Estados Unidos.
Con información de El Nacional
