La ministra de Interior chilena, Carolina Tohá, anunció que Chile recurrirá próximamente a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Países Bajos), por la investigación del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido hace un año.
«Vamos a ir a la Corte antes que se termine la investigación, entregándole los antecedentes que se puedan entregar. No vamos a esperar que la investigación termine para que la CPI tenga estos elementos, los que hay hasta ahora2, dijo la ministra en un reportaje del canal local 24 Horas.
Aunque no precisó la fecha concreta, Tohá aseguró que el Gobierno «está agendando y coordinando los detalles» para entregar la información al tribunal penal, el más alto del mundo que puede juzgar a jefes de Estado y jefes militares por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión.
Tanto el Ministerio Público como el Gobierno de Gabriel Boric han defendido desde el inicio de la investigación la participación del Gobierno venezolano en el asesinato. La Fiscalía chilena desveló a finales del pasado enero que un testigo señaló a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior venezolano y mano derecha del presidente Nicolás Maduro, como la persona que encargó y pagó el crimen.
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La familia también pide que se investigue si las autoridades chilenas facilitaron a las venezolanas la ubicación de Ojeda en virtud de un convenio de cooperación bilateral en materia policial firmado entre ambos países semanas antes del asesinato del exteniente.
«En ningún caso iban a entregarse antecedentes de sus movimientos (de Ojeda) al país del cual se estaba refugiado, lo que no quiere decir que desde Venezuela no haya habido monitoreo de sus movimientos y sus redes sociales, pero Chile no tiene que ver», señaló la ministra en el reportaje.
Hasta ahora, han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, pero aún se desconocen quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por un crimen que ha provocado un frontal enfrentamiento entre los Gobiernos de Chile y Caracas.
«No vamos a dar por cerrado el capítulo de levantarle a Venezuela las obligaciones que tiene, además de las relaciones diplomáticas –que están en punto de congelamiento pero no rotas– hay convenios internacionales, está la Interpol y hay otros mecanismos por los que hacer ciertas solicitudes», cerró Tohá.
Disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado político en Chile desde 2023, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos y su cadáver fue hallado diez días después, sepultado debajo de un bloque de cemento, a las afueras de la capital.
