Los fiscales generales de 18 estados de Estados Unidos respaldaron la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil en contra de la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
Los estados de California y New York, conjuntamente con los estados Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, y el Distrito de Columbia (DC) presentaron un “Amicus Curiae” en respaldo al mantenimiento del TPS.
El Amicus Curiae, una figura legal que permite a terceros ajenos a un litigio presentar argumentos y opiniones ante un tribunal, fue presentado en el juicio que se adelanta en California contra la medida que eliminó el TPS para los venezolanos.
El 20 de febrero, dos organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos presentaron una demanda contra el Gobierno de Trump por su decisión de revocar el beneficio migratorio que otorga un estatus legal a miles de venezolanos en el país.
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La demanda, presentada en una corte federal en California, argumenta que la decisión del Gobierno de terminar el TPS para los venezolanos es ilegal y motivada por discriminación «racista» contra los migrantes de este país.
«La secretaria (Kristi) Noem y el presidente Trump han hecho en repetidas ocasiones comentarios atacando a los migrantes que no son blancos y a los beneficiarios del TPS en particular», indicó el documento judicial.
En concreto, los abogados de las organizaciones citan una entrevista que la funcionaria dio en la cadena Fox News en donde se refiere a los migrantes venezolanos que tienen TPS como «porquería».
«La decisión de la administración de Trump de anular y rescindir el TPS para Venezuela representa un gran alejamiento de la promesa de nuestra nación de brindar igualdad de protección», señaló Harold Solis, abogado de la ONG Make The Road New York, que presentó la demanda, en un comunicado.
El Gobierno de Biden decidió otorgar el TPS para las personas de Venezuela en 2021 y 2023, asegurando que la «emergencia humanitaria» por la que atraviesa Venezuela impide a los migrantes de este país en EE.UU. volver de manera «segura».
Antes de salir de la Casa Blanca, Biden decidió extender el TPS hasta 2026, pero esta decisión fue revocada por Noem, titular de la DHS, a los pocos días de ser confirmada en su puesto por el Congreso.
El beneficio para las personas que se acogieron en 2023 vence el próximo mes de abril, y el de los que se inscribieron en 2021 en septiembre.
La decisión de acabar con el TPS deja a más de medio millón de venezolanos en EE.UU. sin ese estatus legal y bajo el riesgo de ser deportados a un país con el que Washington rompió relaciones diplomáticas en 2019.
