Confirmada la noticia sobre la marcha de Venezuela de la corporación estadounidense Chevron, el líder bolivariano, Nicolás Maduro, ha anunciado la puesta en práctica un Plan de Independencia Productiva Absoluta, presumiblemente orientado a paliar la ausencia de ingresos que tiene planteado el tesoro nacional con la actual circunstancia. El nombre acuerdo a otros que se han dado en el pasado a proyectos para mitigar el impacto de las sanciones internacionales. Los resultados están por verse.
El País | Alonso Moleiro
La producción nacional de crudo, en este momento en torno a los 950.000 barrilles diarios, tendrá una merma que, desde el día 1, será inevitable: algunas fuentes calculan que la nación dejará de percibir unos 150.000 barriles diarios. Chevron está involucrada en la administración de cuatro empresas mixtas en asociación con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para operar campos locales, todos las cuales habían triplicado su producción en el tiempo reciente.
Queda en el aire el interrogante sobre si el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendrá consecuencias sobre las operaciones de otras empresas no estadounidenses en el país, presentes en el país bajo la figura del “confort letter” o licencias especiales en proyectos petroleros y gasíferos, como Repsol, Eni y Maurel and Prom. Las tres compañías han ofrecido reiteradas muestras de querer continuar en Venezuela.
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Por ahora, Caracas sólo puede contar con seguridad con aquello que sea capaz de producir PDVSA, el otrora gigante energético latinoamericano, una corporación carcomida por la corrupción desbordada y la politización de sus objetivos durante la hegemonía chavista. Los últimos balances financieros auditados publicados por la compañía datan del año 2016. La compañía ha acumulado, además, deudas millonarias, de acuerdo a algunas fuentes ubicadas en 20.000 millones de dólares.
Algunas fuentes reportan que, con todo, en los últimos tres años, y ante una situación desesperada, PDVSA ha dado algunos pasos para mejorar sus procesos internos, incorporando capital humano recién graduado, y ha logrado recuperar parcialmente su protagonismo en algunos campos de crudo liviano y pesado del país, luego del derrumbe total de hace cinco años. La estatal venezolana produce en este momento unos 650.000 barriles diarios de petróleo con esfuerzo propio. En sus buenos tiempos, a finales del siglo XX, poco antes de quedar Hugo Chávez electo, producía 3.200.000.
La baja en los ingresos con la marcha de Chevron tendrá sus consecuencia en una economía muy debilitada por la desastrosa administración gubernamental y los duros efectos de las sanciones internacionales: expertos consultados prevén para Venezuela, ante esta nueva realidad, un 2025 con un crecimiento económico marginal, y una nueva escalada en el tipo de cambio y los precios, que podría colocar, de nuevo, la tasa de inflación por encima del 100% anual.
Venezuela depende como nunca antes de los vaivenes de la producción petrolera, con un aparato productivo destrozado por la conflictividad política, las expropiaciones y el caos social. Con una emigración masiva de 7.000.000 de ciudadanos y un mercado contraído al mínimo, la industria venezolana opera en este momento con el 30% de su capacidad instalada, aún a pesar de la recuperación de los últimos tres años.
“Incluso sin sanciones, muchas empresas petroleras no quieren acercarse a Venezuela en las actuales condiciones”, afirma un ejecutivo que ha preferido mantener su nombre en la reserva. “Las compañías petroleras grandes tienen tiempo sin invertir en el país. No les fue nada bien en sus relaciones con el Estado, se acumularon deudas, incumplimiento de contratos, corrupción, condiciones adversas, cambios de discurso. No puedo descartar que alguna lo haga, o lo hagan empresas pequeñas desconocidas, pero su impacto no será muy alto”.
“Si esta línea de endurecimiento se mantiene y se concretan las sanciones secundarias a otras compañías, el golpe para Venezuela sería muy fuerte”, afirma el economista y académico Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver. “Gran parte de la recuperación en la producción del país en los últimos años se debe a Chevron, y ese avance se puede perder”.
El endurecimiento de las sanciones internacionales a Venezuela puede dejar al estado sin algunos instrumentos para paliar deficiencias y atender contingencias operativas, al endurecerse el vigor del “over compliance” o sobrecumplimento, un sesgo corporativo que muchas compañías estadounidenses adoptan en contra de empresas o países sancionados por Washington para salvaguardarse ante la ley.
En medio de un escenario de precios aún favorable, pero con un mercado sobresaturado de oferta, es muy probable que, para los venezolanos, regresen los tiempos de las ventas de crudo en alta mar en alejados parajes, a través de intermediarios y con descuentos en la venta. También, según afirman expertos consultados que no han querido identificarse, el aumento de operadores energéticos y contratistas de mediano y pequeño tamaño desconocidos en el mercado, como había estado ocurriendo hace unos años.
Algunas empresas de la India, como Reliance, tienen tiempo buscando opciones para hacer negocios con Caracas. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ha hecho varios viajes a este país en el tiempo reciente, así como a Turquía, buscando concretar acuerdos.
En medio de la noticia, se han colado algunos rumores del presunto interés que pueda tener China Petroleum en asumir las operaciones de Chevron. “La historia sugiere que, con el tiempo, los países sancionados aprenden a vivir con las sanciones”, afirma Francisco Rodríguez, con independencia de los efectos inmediatos. “Irán es citado con frecuencia como un ejemplo. Lo mismo puede estar ocurriendo con Venezuela en el mediano plazo. En el nuevo contexto político, China puede que no tenga problemas en hacer negocios con Venezuela, y Rusia tampoco. A mí no me sorprendería para nada que Rosneft decida regresar a Venezuela”.
