Al menos 16 personas se encuentran desaparecidas, incluyendo un adolescente y un menor de edad, luego de que una barcaza tripulada por un grupo de emigrantes venezolanos volcara en alta mar mientras intentaban ingresar clandestinamente a la vecina isla de Curazao. Esta ruta se ha convertido en una de las vías de escape más recurrentes para los venezolanos que quieren huir del país.
La denuncia ha sido formulada por los familiares de las víctimas a las autoridades venezolanas en el estado Falcón, una vez que la Guardia Costera de Curazao emitiera un comunicado en el cual informaba sobre el cese de la búsqueda activa de estos desaparecidos en el mar luego de varios días de rastreo.
La embarcación Piska Fresku Curaçao salió de las costas venezolanas el pasado domingo 2 de marzo con 26 personas en total, desde el poblado venezolano de San José de la Costa, ubicado a unos 60 kilómetros de la isla, nación constituyente del Reino de los Países Bajos.
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La Guardia Costera de Curazao informó que habían rescatado ya a diez personas en el lugar del siniestro. Los náufragos se aferraban a la embarcación hundida. Todos presentaban insolación y deshidratación. Una mujer de 29 años, que respondía al nombre de María Guadalupe Jiménez, falleció poco después del rescate.
Las autoridades venezolanas -Protección Civil, Bomberos Forestales, la Policía Marítima y la Guardia Nacional Bolivariana- iniciaron a su vez la búsqueda activa de las personas desaparecidas luego de las denuncias hechas por los familiares de las víctimas. En el operativo participan pescadores y vecinos de la zona.
El caos económico, la ruina social y la ausencia total de horizontes para progresar han forzado a cientos de familias venezolanas a tomar embarcaciones de manera clandestina en estos años para entrar ilegalmente a islas vecinas a las costas del país (donde se concentra la mayoría de la población).
Los frecuentes naufragios con muertos y desaparecidos de este tiempo, que antes causaban estupor, se han ido normalizando, y son omitidos sistemáticamente como información de interés público por los medios oficialistas en el país.
En los últimos ocho años, se han vuelto relativamente frecuentes las historias de embarcaciones precarias que naufragan tratando de escapar hacia Aruba, Curacao o Trinidad, con frecuencia llevando ancianos y menores de edad. La tripulación lleva consigo a personas provenientes de diversos puntos de la geografía nacional. Si logran entrar, a menudo son recibidos con muy poca tolerancia y pésimo talante por las autoridades locales, que los retienen en albergues o los deportan.
Hace dos semanas, las autoridades trinitarias informaron haber atendido otra embarcación en mar abierto que estaba a la deriva, tripulada por 22 personas, todas de nacionalidad venezolana. Diez de ellas fallecieron. Venían de Pedernales, un pueblo perteneciente al estado Delta Amacuro, en el oriente del país.
Antes, hace unos años, en lo que parece definitivamente otro tiempo, los venezolanos visitaban Aruba, Curazao y Trinidad, como también Bonaire y Saint Marteen, para organizar sus vacaciones, comprar ropa, adquirir propiedades y jugar a la ruleta, atraídos por las ofertas publicitarias de los gobiernos de estas islas, que siempre tuvieron al mercado nacional como uno de sus ingresos seguros por los servicios turísticos prestados.
