Transparencia Venezuela, capítulo de Transparency International, cerró sus operaciones en el territorio venezolano en diciembre de 2024 y a partir de ahora trabajará desde el exilio para seguir combatiendo la corrupción y la impunidad, anunció su directora ejecutiva Mercedes De Freitas, en un mensaje emitido desde Berlín.
“Los valores y proyectos de Transparencia Venezuela, dedicados al buen gobierno, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción, son incompatibles con las nuevas leyes venezolanas que criminalizan la labor de las organizaciones civiles independientes. Por eso decidimos formalizar el cese de las relaciones con todos los aliados, socios y empleados en Venezuela y seguir trabajando desde afuera”, argumentó la activista desde la sede de la secretaría de Transparency International en Berlín, acompañada por Maíra Martini, directora ejecutiva de la organización y Lucian Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe.
Además, el presidente de Transparency International, François Valérian, publicó a través de sus redes sociales un mensaje de apoyo a Transparencia Venezuela en el exilio y reiteró el compromiso que mantienen con el capítulo y con todos los venezolanos.
De Freitas explicó que Transparency International seguirá con atención lo que ocurra dentro y fuera de Venezuela porque los casos de corrupción “han desbordado sus propias fronteras y ya son 30 países los que investigan a los responsables de la red de gran corrupción transnacional y el desvío del dinero público de Venezuela”.
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“Mi compromiso sigue intacto. Seguimos porque los responsables de esta gran corrupción no pueden quedar impunes. Seguimos porque tenemos que construir la Venezuela Íntegra. Ahora somos Transparencia Venezuela en el exilio”, acotó.
La amenaza constante y la criminalización
De Freitas destacó la represión desatada en Venezuela desde el fraude electoral del 28 de julio, que se ha traducido en el encarcelamiento de activistas de derechos humanos, como Rocío San Miguel y Nélida Sánchez; de políticos, como Jesús Armas y William Dávila, así como tantos otros que se mantienen incomunicados, desaparecidos o en el exilio.
“Vivimos bajo la amenaza constante de una cúpula que instrumentaliza el sistema de justicia para proteger el abuso, la corrupción, las economías ilícitas; para mantenerse en el poder y garantizar su impunidad”, dijo.
Destacó el impacto negativo del enriquecimiento ilegal de unos pocos. “Una vida de lujos para los cleptócratas, sus familias y amigos que controlan los recursos públicos; y la miseria para el resto de los venezolanos. No hay escrúpulos para encarcelar, extorsionar, presionar y perseguir a quien denuncie su naturaleza delictiva y criminal”, señaló.
“Seguimos a través de Transparencia Venezuela en el exilio porque queremos defender nuestros recursos. Los ciudadanos necesitan una voz que denuncie la gran corrupción, porque el mundo tiene que conocer las redes criminales que se tejen en Venezuela. Es nuestra obligación”.
La cleptocracia no ha parado de saquear
Las razones para continuar sobran, según Mercedes De Freitas, quien señaló que lo sustraído de Venezuela hasta 2025, de acuerdo con estimaciones de la organización supera los 72.340 millones de dólares, una cifra conservadora porque se refiere solo al 60% de los 173 casos que procesan los sistemas de justicia de 30 países.
Esa cantidad representa nada menos que siete veces las reservas internacionales venezolanas calculadas a finales de 2024 por el Banco Central de Venezuela en 10.195 millones de dólares.
De acuerdo a los números de Transparencia Venezuela, hasta finales de 2024 hay más de 3.000 empresas vinculadas a este desfalco descomunal, creadas en al menos 73 países.
Además, la organización ha identificado 510 casos de corrupción en los que hay 977 personas investigadas, entre ellas, 446 funcionarios y 327 empresarios, además de 33 banqueros. 45 personas están prófugas.
Mercedes De Freitas recordó que en Venezuela no hay información oficial sobre las economías ilícitas como narcotráfico, explotación ilegal de minerales ni sobre trata de personas, contrabando o extorsión.
Como ejemplo, citó que las más recientes estimaciones de la organización, muestran que al menos 5.383 millones de dólares se habrían quedado en manos de las redes que participan en la extracción ilícita de oro en 2024.
Transparencia Venezuela fue fundada en 2004 y ha sido un capítulo muy activo, con un trabajo muy complejo. Basta con recordar que en el Índice de Percepción de Corrupción 2024, Venezuela obtuvo 10/100 puntos, solo superado por Sudán del Sur y Somalia. “Seguimos en el foso como el tercer país con la percepción más alta de corrupción del mundo y el primero en América”, añadió.
