La opositora Magallí Meda, asilada junto con otros cuatro opositores al régimen de Nicolás Maduro en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, dijo que el derecho internacional en Venezuela está muerto, tras casi un año refugiada en la sede diplomática bajo asedio policial y enfrentando problemas en los servicios básicos de electricidad y agua potable.
Por Ricardo Barbar / EFE
«Aquí están fallando todos los mecanismos de protección internacional (…). Tienes un problema que es mucho más grande, que es la muerte, absolutamente la muerte, del derecho internacional en territorio venezolano», afirmó Meda, jefa de campaña de la líder de la oposición, María Corina Machado, y el presidente electo, Edmundo González Urrutia.
El 20 de marzo de 2024, Meda acudió, al igual que Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, a la residencia del embajador argentino luego de que la Fiscalía anunciara una orden de arresto en contra de ellos por varios delitos, entre ellos traición a la patria y conspiración.
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Un día después, se sumó el exministro de Transportes y Comunicaciones Fernando Martínez Mottola, quien permaneció en la residencia diplomática hasta el 19 de diciembre del año pasado, cuando se presentó ante la Fiscalía, que le concedió un arresto domiciliario. Murió este 26 de febrero tras sufrir un derrame cerebral.
«Después de un año, aquí estamos solos desde hace muchos meses. Estamos hace más de 110 días sin servicio eléctrico, o sea, es una decisión», indicó, al relatar la situación en la sede, donde fue cortado el suministro eléctrico el pasado mes de noviembre.
A este problema -que han logrado subsanar con plantas eléctricas, aunque una primera colapsó y la más reciente presenta fallas-, se suma el del agua, ya que -de acuerdo con Meda- el servicio llega por tuberías cada 15 días, pero requiere de bombeo eléctrico, lo que los obliga a depender del suministro de camiones cisterna.
El ingreso de estos camiones, detalló, depende de la decisión de «fuertes contingentes armados» y policías de varios cuerpos de seguridad, «encapuchados», ubicados a las afueras de la residencia y, según ella, «amenazando», una denuncia que el titular venezolano del Interior, Diosdado Cabello, ha calificado como una «farsa».
«Limbo» diplomático
Meda advirtió que lo ocurrido en la residencia argentina podría repetirse en otras sedes diplomáticas en Venezuela, por lo que pidió a los Gobiernos «democráticos» pronunciarse con «fuerza y contundencia».
«Somos responsabilidad de un cuerpo diplomático que no ha sido contundente con hacer respetar ese derecho. Ese es el gran reclamo que nosotros hacemos internamente porque entonces lo que hay que asumir es que en Venezuela no hay Estado de derecho, incluso para los países extranjeros que hacen vida aquí adentro», se quejó.
La opositora denunció varios «asedios» entre julio de 2024 y febrero de 2025, un período en el que fueron expulsados los diplomáticos argentinos acreditados en Caracas, luego de que el presidente de ese país, Javier Milei, no reconociera a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales del año pasado.
Brasil asumió entonces la representación de Argentina, un permiso revocado posteriormente por la Administración de Maduro por la supuesta planificación de actos terroristas por parte de los asilados.
Sin embargo, el Gobierno brasileño sigue representando a Argentina hasta que Milei designe a otro Estado para esta función, algo que aún no se ha concretado.
Tanto Argentina como Brasil «están buscando los caminos, están abriendo vías» para los asilados, destacó Meda, que insistió en que la responsabilidad no debe recaer en estos dos países sino en «todo el cuerpo diplomático que hace vida en Venezuela».
Por tanto, pidió la conformación de «una comisión muy seria» de diplomáticos y del Nuncio Apostólico para que verifiquen la situación en la sede argentina ante el «limbo» en el que -afirma- están.
Llamado a la comunidad internacional
Meda afirmó estar dispuesta, al igual que los demás asilados, al diálogo «dentro del marco del respeto a la norma» para la emisión de salvoconductos que permitan su salida de Venezuela con garantías.
Estos permisos, según dijo, estuvieron cerca de obtenerlos nueve días después de haber ingresado a la residencia.
«Pero por alguna razón y una instrucción de alguien, eso desapareció», agregó sobre los salvoconductos, también exigidos por Argentina con base en la Convención sobre Asilo Diplomático (1954), firmada y ratificada por Venezuela y el país austral.
En este contexto, Meda pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas que sirvan de «guías» en la «búsqueda de soluciones» en esta «crisis de la embajada».
«Ellos pueden ser una pieza clave de la reorientación, de ponerle un parado a todo este proceso de amenazas y de atropellos», concluyó.
