La Gobernación de Norte de Santander, en Colombia, informó recientemente que un total de 58.052 personas han sido desplazadas a causa del conflicto armado en la región del Catatumbo.
Según el boletín publicado en X, Cúcuta ha acogido a la mayor parte, con 30.093 personas, seguido por Ocaña, que ha recibido a 12.081.
El informe también indica que 19.468 personas se encuentran confinadas y 1.531 permanecen en alojamientos temporales. En cuanto a la violencia, se registraron 86 homicidios en la zona, de los cuales siete víctimas eran firmantes de paz, tres eran líderes sociales, cuatro menores de edad y 72 eran particulares.
También se registraron 18 lesionados y seis desaparecidos entre los firmantes.
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En Cúcuta, actualmente hay cuatro albergues que continúan brindando asistencia a los grupos de desplazados.
El balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) destaca las acciones implementadas para restablecer el orden público. A través de diversas estrategias, el PMU ha sido crucial en la gestión de conflictos urbanos y la seguridad ciudadana. En este contexto, se reportaron 18 personas lesionadas y 86 homicidios, incluyendo a siete firmantes de paz, tres líderes sociales, 72 particulares y cuatro menores de edad. Además, se registraron seis desaparecidos.
El boletín detalla, además, que se han llevado a cabo evacuaciones aéreas en diferentes localidades, beneficiando a un total de 770 personas.
Por otro lado, la Gobernación ha implementado programas de ayuda humanitaria, entregando más de 352 toneladas de suministros. La Cruz Roja ha beneficiado a 5,683 personas con atenciones en salud y ha distribuido más de 10,800 kits alimentarios y no alimentarios.
Contexto
Desde el 16 de enero de 2025, la región del Catatumbo, en Norte de Santander, Colombia, ha sido escenario de una escalada de violencia provocada por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC-EP.
La región del Catatumbo, históricamente marcada por la ausencia del estado y el abandono social, ha visto como su economía se ha vuelto dependiente de cultivos ilícitos. La situación se ha agravado tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, que no fue acatado por todos los grupos armados, lo que ha desencadenado un conflicto territorial por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
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Ante este panorama, el gobierno de Gustavo Petro ha declarado el estado de conmoción interior, movilizando más de 5,000 soldados para restablecer el orden y ofrecer asistencia humanitaria. A pesar de los esfuerzos, las organizaciones sociales han expresado su preocupación por una posible militarización de la región, instando a la firma de un Pacto Territorial que promueva el desarrollo social y económico.
La comunidad internacional, incluyendo a Naciones Unidas y gobiernos vecinos como el de Venezuela, ha comenzado a prestar atención a la crisis, ofreciendo asistencia y destacando la necesidad de un enfoque integral que no solo aborde la violencia, sino que también impulse el desarrollo y la inclusión social en una región que ha sufrido durante décadas los estragos del conflicto armado.
