En los confines del actual debate político y civil de Venezuela se percibe una clara indignación ante el trato dado a los prisioneros venezolanos que han sido deportados a El Salvador por Estados Unidos, invocando la polémica Ley de Enemigos Extranjeros. Especialmente ahora, que abundan las historias de personas inocentes que quedaron recluidas en el espeluznante Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) de San Salvador, mezcladas con los delincuentes pertenecientes a la famosa megabanda El Tren de Aragua.
El País | Alonso Moleiro
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia firmaron un comunicado en el cual piden evitar “la injusta criminalización de los venezolanos”; exhortan a las autoridades estadounidenses a “extremar las precauciones al administrar justicia”, y afirman que confían “en el Estado de derecho que rige en los países democráticos”. Pero el texto no ha dejado satisfecha a mucha gente. Los planteamientos que Machado dirige a las autoridades de Estados Unidos en torno a la naturaleza del régimen político del país, y la necesidad de conjurar la situación actual para hacer posible el regreso a la democracia, no parecen tener un foco especial en la Casa Blanca. Persuadidos de que tal cosa no es factible, en Washington continúan tomando decisiones pensando exclusivamente en sus intereses inmediatos.
Varios cientos de miles de venezolanos quedaron desprovistos del estatus de protección temporal de los tiempos de Joe Biden y enfrentan una clara posibilidad de ser deportados masivamente. En Caracas se esperaba como inminente en estos días la entrada en vigor del anunciado “travel ban”, con el cual el Gobierno de Trump vetaría la presencia de venezolanos en el país, incluyendo a los que tienen visado, vayan a estudiar o quieran irse de vacaciones, junto a ciudadanos de otras 40 naciones presumiblemente indeseables.
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Una medida de este calado, con toda seguridad, caería como una bomba en partes importantes de la sociedad venezolana, casi toda vinculada al campo democrático del país, en la cual hay cientos de miles de personas con familiares, negocios, remesas o intereses en ciudades como Miami, Dallas o Houston.
Este malestar se ha mezclado con los frecuentes relatos sobre episodios de xenofobia registrados en países como Chile y Perú y ha dado alas a una sensación de ofensa y desamparo. Para el común de la gente, no quedan lugares donde escapar. Las sanciones económicas y el veto a Chevron agrietan de nuevo la economía. Los precios aumentan y el consumo se ralentiza de nuevo en un país que ya estaba quebrado.
Mientras tanto, dentro del territorio, y de manera selectiva, las autoridades chavistas se comportan todavía con inusitada dureza para zanjar la inconformidad de la población. Los voceros de la revolución bolivariana llevan 25 años declarando cada cierto tiempo que ejercerán el poder en el país “por las buenas o por las malas” y se han decidido por la segunda opción.
Tras años desentendido de la diáspora, el Gobierno de Nicolás Maduro ha criticado el trato dado por las autoridades de Estados Unidos a los migrantes, asegurando que se trata de gente mayoritariamente “honesta y trabajadora”. Jorge Rodríguez, uno de los portavoces más destacados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha anunciado varias “jornadas de solidaridad” con los prisioneros de El Salvador, anunciando que contratarán “a los mejores bufetes de abogados” para asistirlos legalmente. También añadió que en Estados Unidos “no hay Estado de derecho” ni se respeta “el debido proceso”.
El tono de las autoridades chavistas con la diáspora que regresa deportada también ha cambiado. “Hoy Venezuela los recibe de manera amorosa, cariñosa y solidaria, con un abrazo de hermanos para todos los que vienen. Sin duda alguna, es la forma de trabajar entre gobiernos, sin atropellos de ninguna naturaleza y sin amenazas”, dijo Diosdado Cabello, ministro del Interior y de Justicia, al recibir un nuevo contingente de deportados provenientes de México.
“Hemos hecho un trabajo muy detallado sobre el origen de estas personas, y estamos seguros de que todos pertenecen al Tren de Aragua”, había declarado el secretario de Estado Marco Rubio antes de que comenzaran a conocerse casos de deportados que no encajan en esa tesis. “Pero si alguno no pertenece al Tren de Aragua, El Salvador podría enviarlos a Venezuela”, agregó.
“Hasta ahora, no tenemos ninguna información formal que documente quién en ese grupo de migrantes prisioneros es del Tren de Aragua. No he dicho que muchos sí puedan serlo. Pero se han negado sistemáticamente a ofrecer información”, dice Ade Ferro, directora del Venezuelan-American Caucus en aquel país. “Algunos de esos detenidos tenían incluso estatus de protección. Otros jamás salieron del ICE, nunca pisaron la calle. Ya tenemos decenas de casos de personas que fueron llevadas a la cárcel únicamente por tener tatuajes” (un código identificable como patrón de membresía en las maras salvadoreñas, pero no en el Tren de Aragua).
“Aquí hay montado un show para complacer a cierto electorado con una comunidad como la venezolana, débil y recién llegada”, dice Ferro. La activista no discute la necesidad de enfrentar y neutralizar una banda como el Tren de Aragua en Estados Unidos, pero sostiene que, salvo el ruido mediático, el impacto de la comunidad venezolana en el crimen es muy bajo. Ferro no duda que, al tomar decisiones, ciertos funcionarios no se anden con rodeos: basta con que sean morenos y no hablen inglés para ir por ellos.
En este contexto, la postura intransigente de Machado y la oposición frente al chavismo y la necesidad de sancionarlo pueden tener unas consecuencias imprevisibles, incluso un efecto bumerán. Carmen Beatriz Fernández, analista política y consultora, afirma: “En medio de esta situación tan complicada, ese comunicado de María Corina llegó tan lejos como podía llegar, era imposible ir más allá. Lo que pasa es que esta realidad hace que los argumentos de sus críticos dentro de la oposición, o en el chavismo, ahora pueden resonar con más fuerza. En cada uno de estos procesos la gente ha acumulado mucha ilusión sobre el cambio político, y puede pasar que la gente la pague no con el que tiene la culpa, sino con el que está más cerca.”
Las correlaciones del Gobierno de Estados Unidos, sus dinámicas internas y el proceder estridente de la Casa Blanca colocan a Venezuela en un escenario en el cual todo el mundo paga un castigo. “El liderazgo venezolano debe poner los pies sobre la tierra”, dice Ferro. “Venezuela no le interesa a Donald Trump. Los venezolanos que vivimos fuera necesitamos saber que nos están representando. La verdad es que estamos solos en todas partes del mundo”.
