Un juez federal de Manhattan declaró este viernes que bloqueará temporalmente el desmantelamiento por parte del Gobierno de Donald Trump de la agencia federal que controla el medio internacional financiado por el Gobierno Voice of America (VOA, por sus siglas en inglés).
El juez federal de distrito J. Paul Oetken anunció que emitiría una orden de restricción temporal tras la primera audiencia del caso que tuvo lugar esta mañana.
Hoy, los abogados de los periodistas de VOA afirmaron en la corte que la decisión que hace dos semanas tomó la Casa Blanca de desmantelar siete agencias federales -entre ellas la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAGM), que supervisa la matriz de la emisora- viola el derecho a la libertad de expresión.
En la audiencia, el juez Oetken consideró que esa decisión de suprimir varios medios públicos fue «arbitraria y caprichosa», ya que el presupuesto para este año ya había sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos.
Artículos Relacionados
Este mes, Patsy Widakuswara, jefa de la oficina de la VOA en la Casa Blanca, y otros periodistas del medio, la organización sin fines de lucro Reporteros Sin Fronteras y cuatro organizaciones sindicales, presentaron una demanda contra la decisión que la Administración de Trump anunció el 14 de marzo.
Los abogados de VOA anotaron en la audiencia de hoy que la orden ejecutiva de Trump creó una «emergencia constitucional» y que la vida de los periodistas que se han quedado sin trabajo y, por ende, se quedarán sin visado para estar en EE.UU. en un mes, «está en peligro», ya que podrían enfrentarse a represalias por su trabajo periodístico en sus países de origen.
El equipo legal del los demandantes dijo ante el juez que Trump atacó a la VOA porque «no le gusta el trabajo que hace el medio» al escribir sobre temas como «las personas transgénero, el privilegio blanco o que no describan a Hamás como un grupo terrorista».
Jessica Jerreat, editora de libertad de prensa de la VOA, explicó a los medios a la salida de la audiencia que ella es una de las 1.350 empleadas en baja administrativa tras la decisión de Trump, y mostró su preocupación por sus excolegas que están en Estados Unidos gracias a un visado J1 o un visado patrocinados por el Gobierno por su trabajo en VOA.
«Muchos de mis colegas proceden de países muy hostiles e informan a diario, conscientes del riesgo para ellos y sus familias (…) Pero ahora corren el riesgo de ser deportados rápidamente en un proceso bastante injusto», anotó Jerreat.
Por su parte, los abogados que representan a la Administración solicitaron que el litigio se traslade a un tribunal federal de Washington D.C.
Oetken dijo que tomará una decisión sobre el posible traslado en los próximos días.
EFE
