Se abre un nuevo frente judicial contra las políticas anti migrantes de Donald Trump. Tres organizaciones de defensa de derechos humanos interpusieron esta semana una demanda en los tribunales de Washington D.C. para frenar las deportaciones de indocumentados, en especial los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que habían recibido el parole humanitario.
La Administración republicana ha revocado estos permisos e informado a quienes los tenían que deben abandonar Estados Unidos si no quieren ser expulsados a partir de abril.
“Nuestras comunidades hicieron todo lo que el Gobierno les pidió para poder iniciar una nueva vida en Estados Unidos. En lugar de honrar ese compromiso, el Gobierno quiere ahora expulsarlos sin siquiera escucharlos en una audiencia”, asegura Angélica Salas, la directora de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés). La organización de California, una de las más importantes en la defensa de los indocumentados, forma parte de la demanda junto a UndocuBlack, que representado a los haitianos que han llegado al país en los últimos años. La tercera es CASA, Inc., quien tiene a nivel nacional más de 173.000 miembros en 46 Estados, la mayoría de ellos sin papeles.
La coalición acudió a los tribunales de distrito en la capital estadounidense el lunes 24 de abril, un día antes de que el Gobierno publicara en su diario oficial la decisión que deja sin protección contra la deportación a unas 530.000 personas de los países antes mencionados. “Esta es una peligrosa amenaza a nuestra democracia. Y sin duda es una acción racista contra los negros y los haitianos. Cómo respondamos como sociedad determinará lo que estaremos dispuestos a aceptar mañana”, aseguró Patrick Lawrence, de UndocuBlack, este jueves, el día en que se dio a conocer la demanda.
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Las organizaciones argumentan en su demanda que es ilegal el proceso de expulsión acelerada (expedited removal) que el Gobierno quiere utilizar contra el medio millón de indocumentados que quedará sin protección una vez que expire la libertad condicional. “Este permite la deportación de Estados Unidos sin debido proceso o sin la necesidad de comparecer ante un juez de inmigración”, aseguran las organizaciones en el documento de 35 páginas.
La expulsión acelerada suele ser empleada por las autoridades migratorias para deportar inmediatamente a quienes llegan por tierra y no son admitidos o a los que son hallados por la Patrulla Fronteriza en una franja de 160 kilómetros o menos de la frontera más próxima. El 21 de enero, un día después de la investidura de Trump, el presidente utilizó sus facultades para expandir a todo el país este tipo de deportación para todo aquel inmigrante que lleve menos de dos años en territorio estadounidense.
Esta es una de varias demandas que han pedido a los jueces pronunciarse ante las medidas que la Administración ha adoptado para acelerar las deportaciones prometidas por Trump. Los abogados del caso defienden que esta figura no debe ser empleada contra quienes se beneficiaron de una libertad condicional otorgada con fines humanitarios.
El parole ha sido utilizado como complemento de la política inmigratoria desde la presidencia de Dwight Eisenhower (1953-1961), quien abrió las puertas del país a unos 30.000 húngaros que huían de la Unión Soviética. Las organizaciones afirman que ha sido empleada en 125 ocasiones por gobiernos tanto demócratas como republicanos. La presidencia de Joe Biden la usó para recibir a unos 200.000 ucranios tras la invasión de Rusia a su vecino.
Ese fue el modelo copiado en plena crisis migratoria por la Administración anterior. El parole ayudó a disminuir el número de venezolanos que la Patrulla Fronteriza encontraba cruzando la frontera de manera irregular. Eso hizo que el Gobierno expandiera el beneficio a los cubanos, haitianos y nicaragüenses, quienes se convirtieron en inmigrantes legales a través de procesos seguidos en la aplicación CBP One, que hoy solo ofrece la posibilidad de autodeportarse. Trump, no obstante, ha acabado con esto y ahora amenaza con cazarlos para expulsarlos.
Con información de El País
