La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) saludó este martes la decisión de un juez federal en EE.UU. que bloquear el intento de la Administración de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos que se encuentran en ese país.
A través de la red social X, la coalición opositora dijo abogar por «una política integral migratoria» en favor de los venezolanos en EE.UU., quienes «han sido protegidos» por el juez federal de California Edward Chen, que el lunes puso en pausa la decisión de la secretaria estadounidense de Seguridad de Nacional, Kristi Noem, de retirar ese programa que protege a sus beneficiarios de ser deportados.
La PUD insistió en que la migración venezolana, en «su inmensa mayoría, es consecuencia de la crisis humanitaria compleja» que, señaló, enfrenta la nación caribeña, y «está conformada por millones de venezolanos de bien que, con su trabajo, honestidad y productividad, han aportado al desarrollo de cada uno de los países donde se encuentran».
El partido opositor Voluntad Popular (VP) también celebró la decisión del juez estadounidense, lo que, expresó, representa «un acto de justicia para miles de compatriotas que han tenido que huir de la dictadura y hoy luchan por reconstruir sus vidas con dignidad».
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«Como siempre lo hemos dicho, los venezolanos somos gente buena y trabajadora. Donde llegamos, intentamos aportar de la mejor forma. Todos apoyamos a que se castigue a quienes delinquen, pero también exigimos que no se estigmatice ni discrimine a toda una comunidad que solo quiere trabajar honradamente para salir adelante», dijo VP.
Según el documento del juez, el tribunal considera que «la acción de la secretaria amenaza con: causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país».
El escrito también detalla que el Gobierno estadounidense no ha podido demostrar que seguir otorgando esta protección temporal a los venezolanos causaría algún daño importante o negativo que justifique el hecho de suspender el programa.
