El gobierno de Estados Unidos ha presentado una apelación contra la decisión del juez federal Edward Chen, quien ordenó suspender la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos venezolanos que residen en el país. Esta medida judicial había frenado los planes de la administración para poner fin a dicho programa, que otorga protección migratoria y permisos de trabajo a miles de inmigrantes venezolanos que huyeron de la crisis política, económica y social en su nación.
De acuerdo con el abogado John De La Vega, especialista en temas migratorios, la apelación impulsada por la Casa Blanca no solo busca revertir el fallo del juez Chen, sino que también incluye una solicitud expresa para que el tribunal de apelaciones actúe con celeridad y emita una resolución definitiva sobre este asunto en el menor tiempo posible. La administración argumenta que la decisión de eliminar el TPS es parte de su política migratoria y de su autoridad para gestionar los programas de protección temporal, mientras que los defensores de los inmigrantes sostienen que esta medida dejaría a miles de venezolanos en un limbo legal, exponiéndolos a la deportación y a la pérdida de sus medios de subsistencia.
El TPS para venezolanos fue inicialmente otorgado en 2021 bajo la administración del presidente Joe Biden, en respuesta a las condiciones extraordinarias y temporales que enfrentaba Venezuela, incluyendo inestabilidad política y una grave crisis humanitaria. La decisión del juez Chen, emitida en un tribunal del Distrito Norte de California, respondió a una demanda presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentaron que la terminación del programa violaba procedimientos legales y ponía en riesgo a una población vulnerable.
La apelación del gobierno ahora traslada el caso a una instancia superior, donde se espera que el debate continúe generando atención tanto en la comunidad venezolana en Estados Unidos como entre los sectores políticos y sociales que siguen de cerca las políticas migratorias del país. Por el momento, el futuro del TPS para los venezolanos permanece incierto, a la espera de una resolución judicial que podría tener implicaciones significativas para decenas de miles de personas.
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