Un juez federal ha asestado un nuevo revés a la administración del presidente Donald Trump al bloquear, una vez más, sus intentos de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de venezolanos que residen en Estados Unidos. La decisión, emitida este lunes, reafirma la protección temporal de unos 350,000 beneficiarios venezolanos frente a la amenaza de deportación, en un fallo que subraya las tensiones entre el poder judicial y las políticas migratorias de la Casa Blanca.
El juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito del Norte de California en San Francisco, dictaminó que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el TPS carecía de base legal suficiente y podría haber estado motivada por prejuicios discriminatorios. Esta resolución responde a una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y beneficiarios del programa, quienes argumentaron que la eliminación del estatus violaba procedimientos administrativos y derechos constitucionales.
El TPS, creado en 1990 por el Congreso de EE.UU., ofrece protección temporal a ciudadanos de países en crisis humanitaria, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en el país. En el caso de los venezolanos, el beneficio fue otorgado inicialmente en 2021 bajo la administración de Joe Biden, debido a la grave situación política y económica en Venezuela, y posteriormente ampliado en 2023. Sin embargo, tras asumir el poder en 2025, Trump ordenó su revocación, afectando a más de 348,000 personas cuya protección expiraría este abril.
En su fallo, el juez Chen destacó que los beneficiarios del TPS venezolano no representan una carga para la economía estadounidense, sino que, por el contrario, contribuyen significativamente. Según datos citados en la resolución, entre el 80% y el 96% de ellos están empleados, pagan impuestos y tienen tasas de criminalidad inferiores a las de la población general. «Actuar basándose en estereotipos negativos y generalizarlos a toda una comunidad es un ejemplo clásico de racismo», escribió Chen, refutando las afirmaciones de la administración Trump de que el programa amenazaba la seguridad nacional.
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La administración Trump ha respondido con críticas al fallo y ha anunciado su intención de apelar ante una corte superior, argumentando que el juez excede su autoridad al interferir en decisiones de política migratoria. «Este juez está obstaculizando la voluntad de los votantes y la seguridad de nuestra nación», declaró un portavoz de la Casa Blanca, insistiendo en que el TPS ha sido «abusado» y permite la permanencia de individuos que, según ellos, no deberían estar en el país.
Este no es el primer enfrentamiento entre Trump y el sistema judicial en materia migratoria. A principios de marzo, otro juez federal, James Boasberg, bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, una medida que desató controversia tras el traslado de 238 personas a una megacárcel salvadoreña pese a la orden judicial.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes han celebrado la decisión de Chen como un «alivio temporal» para las familias venezolanas. «Este fallo demuestra que la ley está por encima de las políticas de odio», afirmó Adelys Ferro, activista de la comunidad venezolana en Florida. Sin embargo, advirtieron que la batalla legal está lejos de concluir, ya que una apelación podría escalar el caso hasta la Corte Suprema.
Mientras tanto, los beneficiarios del TPS permanecen en un limbo jurídico, a la espera de una resolución definitiva que determine su futuro en Estados Unidos. La comunidad venezolana, que ha huido de la crisis en su país natal, sigue siendo un foco clave en el debate sobre inmigración en la era Trump, con implicaciones que podrían extenderse a otros grupos protegidos por programas similares.
