La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este sábado la falta de «atención médica adecuada» para más de 80 detenidos en Venezuela que señala como presos políticos, a pesar de que enfrentan «condiciones de salud críticas».
A través de la red social X, la organización no gubernamental aseguró que, pese a las «múltiples solicitudes legales introducidas por familiares y abogados, las autoridades venezolanas han omitido su responsabilidad».
Indicó que casos como el de la activista Rocío San Miguel -detenida desde febrero de 2024-, cuya «fractura no (ha sido) atendida desde hace más de siete meses, reflejan el deterioro progresivo de la salud de personas detenidas por razones políticas».
Este viernes, JEP alertó de la «grave violación a los derechos humanos» de San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien «no ha recibido atención médica especializada, lo cual pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles».
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El pasado 31 de marzo, la audiencia de juicio de San Miguel, prevista para ese día, fue diferida por cuarta vez, para el 26 de mayo, por «falta de traslado» al juzgado, según dijo a EFE la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
En los últimos meses, familiares de los considerados presos políticos han llevado a cabo numerosas protestas para exigir liberaciones, revisión de casos y una mesa de diálogo, así como para pedir atención médica «oportuna y especializada».
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 890 personas arrestadas por motivos políticos, cinco de ellas adolescentes. EFE
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