El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, denunció hoy al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por la presunta comisión del delito de trata humana, al mantener secuestrados a 252 ciudadanos venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Según Saab, estos migrantes, deportados ilegalmente desde Estados Unidos, se encuentran en condiciones de desaparición forzada en lo que calificó como un “campo de concentración” en El Salvador.
En un comunicado oficial, Saab acusó a Bukele de ser “un violador serial de derechos humanos” y de actuar al margen de la ley, decidiendo “de forma tiránica” sobre la vida y libertad de los venezolanos detenidos. El Fiscal General señaló que Bukele ha reconocido públicamente la detención arbitraria de estos ciudadanos, quienes no han sido presentados ante un juez ni se les ha imputado delito alguno en El Salvador. “¿Cuál es la única prueba de delito que les incriminaron? El de ser ciudadanos venezolanos”, afirmó Saab, destacando que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, comparables a “prácticas nazis de mitad del siglo XX”.
Saab informó que ha enviado comunicaciones al Fiscal General y a la Corte Suprema de El Salvador, exigiendo de manera inmediata la lista completa de los detenidos, su estatus judicial, fe de vida y un informe médico de cada uno. Asimismo, reiteró que la Fiscalía venezolana elevó una carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, denunciando las violaciones al derecho internacional y solicitando una “respuesta contundente”.
El Fiscal General también rechazó la propuesta de Bukele de intercambiar a los venezolanos detenidos por “presos políticos” en Venezuela, calificándola de “cínica” y afirmando que evidencia el secuestro de los migrantes. “El CECOT no es solo un centro de tortura, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes utilizados por Bukele para traficar con seres humanos a cambio de millonarias sumas de dinero”, aseveró Saab.
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Saab llamó a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos a exigir la liberación inmediata de los venezolanos y a sancionar lo que describió como un “proceder criminal” que atenta contra la justicia y la paz.
