En un nuevo golpe a las políticas migratorias de Donald Trump, un juez federal ordenó la liberación de una pareja de migrantes venezolanos detenida bajo la acusación de ser “enemigos extranjeros”. La decisión cuestionó severamente la falta de pruebas presentadas por el gobierno federal para justificar la detención y deportación de los implicados. El fallo también impuso nuevas garantías procesales para todos los inmigrantes detenidos bajo este argumento en el distrito oeste de Texas.
La Nación
El viernes 25 de abril, el juez David Briones, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en El Paso, Texas, emitió un fallo que ordenó la liberación inmediata de Julio César Sánchez Puentes y Luddis Norelia Sánchez García. Ambos habían sido detenidos bajo la proclamación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
De acuerdo con información de The Washington Post, Briones cuestionó duramente la actuación de los representantes del gobierno, al señalar que no exhibieron pruebas suficientes que acreditaran la supuesta pertenencia de los venezolanos al grupo criminal Tren de Aragua, organización que la administración Trump había catalogado como organización terrorista extranjera.
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Estos son los puntos más destacados del fallo:
El juez estableció que el gobierno no presentó ni siquiera una “preponderancia de evidencia” que respaldara sus afirmaciones, mucho menos el “nivel claro, inequívoco y convincente” que la ley exige.
Criticó el uso de “afidávits de baja calidad y testimonios contradictorios” por parte de las autoridades federales.
Determinó que todos los detenidos bajo esta política en el distrito oeste de Texas deberán recibir un aviso de 21 días para impugnar su designación, en lugar de las 12 horas que proponía el gobierno.
Exigió que dichos avisos se emitan en un idioma que los migrantes comprendan plenamente.
Quiénes son los venezolanos liberados en Texas: qué alegaron sus abogados
Julio César y Luddis Norelia ingresaron a Estados Unidos en octubre de 2022, tras cruzar la frontera desde México. Al poco tiempo, obtuvieron el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una medida que les permitía residir y trabajar legalmente en el país norteamericano.
Sin embargo, el 1° de abril de 2025, recibieron una notificación que anunciaba la terminación de su TPS debido a una presunta “asociación con una organización terrorista extranjera”.
Su defensa, liderada por Sirine Shebaya, abogada del National Immigration Project of the National Lawyers’ Guild, argumentó que:
La detención de la pareja constituyó una violación a su estatus protegido y a sus derechos de debido proceso garantizados por la Constitución estadounidense.
Los documentos que los declaraban “enemigos extranjeros” fueron entregados en inglés, idioma que ninguno de los dos habla, lo que limitó gravemente su capacidad de defensa.
Durante su arresto en el aeropuerto de El Paso, la pareja fue interrogada de manera insistente y presionada para firmar documentos y realizar confesiones, todo ello sin la presencia de un abogado.
Tras la orden de liberación, Shebaya denunció que, de manera ilegal, las autoridades de Inmigración colocaron tobilleras electrónicas a ambos migrantes, a pesar de la decisión judicial.
El impacto de esta decisión judicial en otros casos de migrantes detenidos en Texas
La resolución de Briones no solo afectó a Julio César y Luddis Norelia, sino que también estableció precedentes que podrían influir en cientos de casos en la región. En particular, dejó claro que:
La carga de la prueba recae en el gobierno, que debe demostrar de manera contundente la pertenencia a organizaciones criminales antes de privar a alguien de su libertad bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
La autoridad ejecutiva no puede actuar de forma unilateral ni prescindir de las garantías constitucionales básicas, incluso bajo proclamaciones presidenciales.
Cualquier migrante detenido bajo esta política en el distrito oeste de Texas ahora cuenta con un periodo mínimo de 21 días para preparar su defensa.
Sirine Shebaya celebró la decisión como una victoria para el debido proceso, al afirmar que “es una protección fundamental y crítica para que las personas tengan una oportunidad significativa de entender lo que el gobierno está diciendo sobre ellas y poder desafiarlo de manera adecuada”.
La liberación de esta pareja de venezolanos se suma así a una cadena de decisiones judiciales que ponen freno a una de las estrategias más controvertidas del presidente Trump en materia migratoria, y que podría redefinir la forma en que Estados Unidos aplica leyes de emergencia en contextos migratorios futuros
