Jennifer L. Thurston, jueza federal de distrito en California, prohibió a los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar a inmigrantes sospechosos de vivir ilegalmente en los EE.UU., a menos que tengan una orden judicial o una razón para creer que podrían huir antes de obtener una orden judicial, reseñó The Associated Press (AP).
Thurston, a través de su fallo, también dejó claro que los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden detener a las personas sin tener sospechas razonables o devolverlas a sus países de origen a través de una «salida voluntaria» a menos que esas personas sean informadas de sus derechos y acepte irse de los EE.UU.
Según AP, el fallo solo aplica a las personas dentro del Distrito Este de California de la corte.
Esta decisión se produjo después de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a funcionarios de la Patrulla Fronteriza por pasar casi una semana «deteniendo inconstitucionalmente» a personas que «parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros» y, además, supuestamente, obligarlos a firmar documentos que decían que habían acordado abandonar el país voluntariamente.
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«La evidencia ante la Corte es que los agentes de la Patrulla Fronteriza bajo la autoridad del DHS participaron en una conducta que violó derechos constitucionales bien establecidos», escribió la jueza en su fallo.
